Preceptivo, pero no vinculante. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer, en "un informe muy crítico", las líneas maestras de la reforma del Código Penal, que crea la figura de la libertad vigilada para violadores y terroristas tras cumplir su condena y aumenta las penas para los delitos sexuales.
El nuevo texto responde a la alarma social suscitada tras la excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos y del violador del Vall d´Hebron, así como por el caso Mari Luz. El anterior ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo optó por una redacción contundente y propuso la implantación de la libertad vigilada, una medida que ya existe en otros países para determinados delitos, especialmente de carácter sexual, tras el cumplimiento de las penas. Sin embargo, el pleno del CGPJ se opone a esta figura porque "establece un sistema restrictivo de derechos", ya que se "basa en una responsabilidad dilatada en el tiempo", según explicó la portavoz del organismo, Gabriela Bravo.
