La polémica por la muerte de Inmaculada Echevarría, la mujer de Granada con distrofia muscular que fue desconectada el miércoles del respirador artificial que la mantenía con vida, ha salpicado incluso al Vaticano. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aseguró ayer que el traslado de la paciente del Hospital San Rafael de Granada, gestionado por religiosos, al de San Juan de Dios, del Servicio Andaluz de Salud y donde falleció, se debió a una decisión de la Santa Sede.

En declaraciones a Antena 3, Chaves explicó que, tras recibir el respaldo del Comité de Etica y del Consejo Consultivo de Andalucía, los hermanos de la orden de San Juan de Dios "dieron la autorización para que a Echevarría se le retirara el ventilador en su centro". Sin embargo, horas antes de su muerte, abandonó el centro donde había permanecido los últimos 10 años e ingresó en otro público, según Chaves, "a consecuencia de Roma".

SIN JUSTIFICACIONES La consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, también atribuyó el cambio de hospital a "presiones internas" que "obligaron o condicionaron la solicitud de traslado". También explicó que, en el comunicado emitido el miércoles por la mañana, el Hospital San Rafael "no justificó" su decisión, y recordó que el centro ya había informado "de que compartía la decisión de Echevarría y puso a su disposición las instalaciones".

Montero insistió en el "comportamiento ejemplar" del que en todo momento ha hecho gala el hospital religioso y destacó que lo importante es que se ha cumplido el deseo de la paciente de interrumpir el tratamiento. Su caso, apostilló, demuestra que "no se pueden imponer criterios religiosos ni ideológicos a la voluntad del enfermo".

Esta opinión, sin embargo, no es compartida por todos. El arzobispo de Toledo y cardenal primado, Antonio Cañizares, lamentó lo que cree una "acción de eutanasia o suicidio asistido", idea que secundó la Federación Estatal Por Vida. Para el sacerdote tetrapléjico y profesor de la Universidad de Navarra Luis de Moya, "los activistas de la eutanasia han utilizado el caso para transmitir a la sociedad un mensaje perturbador".

Sin embargo, la Sociedad Internacional de Bioética reiteró que "no se trata ni de eutanasia ni de suicidio asistido", porque "toda persona puede negarse a un tratamiento", explicó Marcelo Palacios, del comité científico.

En cualquier caso, es un asunto complejo, como admitió el presidente del PP-A, Javier Arenas, quien sin embargo se mostró convencido de que este no es "un caso de eutanasia". El presidente de IU-ICV, Gaspar Llamazares, aprovechó para instar al Gobierno a abrir un debate "en profundidad" sobre la eutanasia, pero la portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, Isabel Pozuelo, lo descartó porque "no hay demanda social".