Al menos cien personas han ingresado en prisión para cumplir penas por delitos contra la seguridad vial de los 26.820 conductores condenados desde que entró en vigor, en diciembre de 2007, el nuevo Código Penal, que castiga con penas de cárcel los delitos contra la seguridad del tráfico.Así lo ha anunciado en rueda de prensa el fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que ha explicado que esos cien conductores han ingresado en prisión por reincidencia o por hechos de "singular gravedad" relacionados con el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol o sin haber obtenido el carné. No obstante, Vargas ha precisado que el número de presos a los que se imputa otros delitos contra la seguridad vial -como el homicidio imprudente- ha pasado de 1.578 en enero a 1.741 en junio, aunque ha advertido de que en la mayoría de los casos "junto a la infracción penal de tráfico concurren otros delitos, con frecuencia de mayor gravedad".

El fiscal, que ha augurado que las sentencias condenatorias por delincuencia vial podrían ascender a más de 50.000 a final de año, ha destacado que el 5 por ciento de los conductores condenados son reincidentes, personas que, a juicio del fiscal, ofrecen una "específica peligrosidad" y obligan a un "especial seguimiento". Además, 25.208 de las sentencias condenatorias -el 94%- han sido de conformidad, lo que supone el "inmediato dictado de sentencia y ejecución" de la pena, según ha apuntado el fiscal, que también ha destacado las 787 retiradas provisionales del permiso de conducir efectuadas durante la tramitación de los procedimientos.

El informe elaborado por la Fiscalía subraya, además, que de las 26.820 sentencias condenatorias, sólo 230 corresponden a delitos por exceso de velocidad, algo que, según Vargas, se debe a que el Código Penal ha establecido límites "muy altos". "No hay tanta gente que supere los 200 kilómetros por hora en carretera o los 110 en ciudad", ha señalado Vargas, que también ha apuntado el efecto disuasorio de la norma penal y los "medios fraudulentos" con que algunos conductores evitan el control de los radares para explicar el escaso número de condenas por este delito.

"No es infrecuente la compra de coches con inhibidores ilegales de radares o el ocultamiento de la matrícula con sustancias", ha explicado el fiscal, que ha valorado el "esfuerzo tecnológico" que la Dirección General de Tráfico ha emprendido "para adelantarse a esa picaresca".

Aunque no ha especificado cifras, Vargas ha destacado el aumento de las condenas por delitos de conducción temeraria, entre los que se incluyen las carreras ilegales, infracciones que "ya han sido objeto de enjuiciamiento" y que serán objeto de evaluación en una "precisa estadística" a finales de año, según ha anunciado.

Por otro lado, el porcentaje de positivos por consumo de drogas alcanza el 4,97 por ciento de los conductores, superior incluso al de consumo de alcohol, según los controles realizados durante 2008 en Badajoz, Oviedo, Zaragoza, Jerez y Madrid. Además, el fiscal de Seguridad Vial ha considerado que la aplicación de la reforma penal "no está produciendo disfunciones" en el normal funcionamiento de tribunales y juzgados, algo que ha atribuido principalmente al procedimiento de los juicios rápidos. "Sin este modelo procesal hubiera sido inviable la aplicación de los preceptos penales sobre delincuencia vial", ha aseverado Vargas, que ha cifrado en 24.716 los juicios rápidos por seguridad vial celebrados desde el pasado diciembre, lo que supone el 93% de los procesos tramitados.