Utilizaban a sus hijos para robar y ahora deberán pagar por ello. Cuatro meses de investigación de los Mossos condujeron el viernes a la detención de tres matrimonios de rumanos de etnia gitana que enviaban presuntamente a 15 hijos y sobrinos, todos menores de edad, a cometer robos y estafas en Barcelona. Durante los últimos dos años, ese grupo de chicos, la mayoría de ellos menores de 14 años, cometió en Barcelona 600 delitos, cuyas víctimas en muchas ocasiones fueron turistas.

Siete personas han sido detenidas y cinco de ellas han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona, que les acusa de delitos contra el patrimonio, contra los deberes y obligaciones familiares y de asociación ilícita.

A los tres matrimonios se les ha retirado la tutela de los 11 menores que estaban con ellos en el momento de la detención. Los menores, de 1 a 17 años, han pasado a disposición de la Direcció General de Atención a la Infáncia y la Adolescencia (DGAIA).

La investigación, bautizada como operación Bucarest , va más allá de estos arrestos ya que, por primera vez en España, una operación sobre robos cometidos por menores ha concluido con la detención de los padres, acusados como "autores" de los delitos pues obligaban a los niños a delinquir y les aleccionaban sobre cómo robar y cómo responder a la policía si les detenían.

La consejera de Interior, Montserrat Tura, destacó que la imputación de los padres "abre una línea de actuación" para acabar con la delincuencia de "niños que, al no ser imputables judicialmente, quedaban en libertad tras su arresto".

De hecho, investigan a otros siete matrimonios de rumanos que envían a unos 35 menores a robar a Barcelona. "Hemos abierto una posibilidad de actuación para combatir la pequeña delincuencia reincidente, que es la que genera mayor sensación de inseguridad ciudadana", dijo.

Además, ante la constatación de que algunas de esas familias se han trasladado a otras ciudades catalanas por la presión policial en Barcelona, anunció que se aplicará en toda Cataluña esa estrategia de encarcelar a los que envíen a sus hijos a robar.

UNA SOLA ORGANIZACION Las detenciones se produjeron el viernes. A las cinco de la madrugada, los mossos arrestaron en su domicilio del barrio de Sant Roc de Badalona al matrimonio Mihai. Los agentes encontraron en el piso a cinco hijos de la pareja y otros tres menores.

En la calle de Alfons XII, también en Badalona, fueron arrestados Cercel y Margareta Gheorghe, junto a sus dos hijos, de 17 y 14 años, el último de los cuales estaba junto a su esposa, también de 14 años. El tercer matrimonio, formado por Anghel y Adela Paun fue detenido en Madrid, adonde acababan de trasladarse desde Badalona. También en Madrid fue arrestado un hombre acusado de revender los objetos robados.

Las tres familias funcionaban como una sola organización encabezada por Cercel Gheorghe, a quien el resto obedecía. En su piso, los mossos se incautaron de documentación que incrimina a Gheorghe como falsificador. Los seguimientos descubrieron el modus operandi de esas familias, propio de la novela Oliver Twist de Charles Dickens. Cada día, entre las ocho y las nueve de la manaña, los padres enviaban a sus hijos a Barcelona. Una vez allí, se dividían en grupos de tres a ocho menores y se dedicaban a merodear por Ciutat Vella, el Eixample, Sant Martí y les Corts, hasta las ocho de la tarde, cuando volvían a casa.

Durante esas horas, recorrían las calles perpetrando un amplio abanico de delitos sobre todo en las terrazas y el interior de bares de las zonas con más turistas. El delito más habitual era robar, especialmente cámaras, carteras o móviles, a gente a la que pedían limosna. Los chicos, al acercarse a su víctima, tapaban con un diario el objeto que querían robar. También eran muy hábiles con el tirón, que empleaban para robar a personas que acababan de sacar dinero de un cajero o para arrebatar el móvil.

Parte del dinero robado lo usaban para comer en restaurantes de comida rápida. Los objetos los entregaban a sus padres, que los revendían en el mercado negro. Los progenitores no escolarizaban a los niños pues eran su única fuente de ingresos. No obstante, perfectos conocedores de la legislación, reducían la actividad delictiva de sus hijos una vez cumplían los 14 años, pues ya son imputables.