La precaria regulación laboral del profesorado de Religión de los centros públicos de enseñanza ha obligado al Estado español a pagar 286 millones de euros (47.586 millones de pesetas) en indemnizaciones a más de 6.000 docentes en los últimos 25 años, según las últimas evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación. Y la cifra previsiblemente crezca en unos 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas) hasta la extinción de los pleitos todavía en curso, admitió ayer el subsecretario de Educación, Fernando Gurrea. El MEC sostiene que el nuevo decreto que regulará el estatus laboral de los docentes de Religión, a punto de aprobarse, pondrá punto final a esta situación.
Gurrea explicó que la elevada cuantía que ha tenido que satisfacer la Administración en concepto de reclamaciones judiciales, desde que en 1979 se firmaron los acuerdos con el Vaticano en materia de enseñanza, se remonta a 1982 y comprende dos periodos diferenciados.
Hasta 1998 el grueso de las demandas van dirigidas contra el pagador de los salarios, la Conferencia Episcopal, a la que el Estado entregaba anualmente una subvención para costear las retribuciones de los enseñantes, y aluden al impago de horas añadidas o extraordinarias. El Tribunal Supremo sentenció entonces que la Administración era la responsable de la situación y le obligó a hacer frente a las resoluciones judiciales contrarias a los obispos.
A partir del primero de enero de 1999, el Ministerio de Educación se convierte en el empleador de docentes por periodos sucesivos de un año, a los que paga directamente como interinos, y ello cambia la naturaleza de los pleitos.
