Los médicos que, finalmente, deberán aplicar la nueva ley de salud sexual y reproductiva, es decir, los que ejercen en las clínicas acreditadas para hacer interrupciones del embarazo, consideran que el reglamento de aplicación del texto legal los deja en una situación de inseguridad jurídica similar a la que sufrieron hasta ahora.

La ley del aborto, que entra en vigor el próximo lunes, deja de considerar esa práctica como un hecho tolerado (despenalizado) y lo convierte en una prestación sanitaria financiada que, en principio, debería asumir la sanidad pública. Dada la imposibilidad de que los hospitales públicos asuman esa demanda de intervenciones (110.000 abortos en el 2009 en toda España), cada autonomía está gestionando la opción de concertar esa asistencia con las clínicas que ya lo practicaban de forma privada.

El presidente de la asociación que representa a un 70% de esos centros, Santiago Barambio, criticó ayer el reglamento de la norma referido a las adolescentes de 16 y 17 años, cuyo texto definitivo --aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes-- prevé que las jóvenes de esas edades acudan a la clínica acompañadas por uno de sus padres. Si la chica asegura al médico que le es imposible comentar con sus padres tal decisión, el facultativo podrá proceder al aborto. Así lo prevé la ley.

RIESGO DE "DENUNCIA" "Pero si posteriormente los padres de la chica se enteran de que ha abortado, podrán denunciar al médico, alegando que se ha violado su derecho a ser informados", explicó Barambio. "El derecho del padre y el del médico entrarán en conflicto, habrá litigio, intervendrán un juez y un fiscal, y puede que la clínica se cierre cautelarmente por orden judicial. Aunque finalmente al médico no le pase nada, todo eso puede arruinarlo", concluyó.

El Gobierno mantuvo durante meses en el proyecto legal el derecho de estas menores de edad a abortar por su propia decisión. Esto le supuso enfrentamientos con miembros del PSOE y durante la tramitación parlamentaria se aceptó la exigencia del PNV de que los padres de las adolescentes estuvieran informados de la intención de abortar de sus hijas. Esto le facilitó mayor respaldo. En el último momento, y casi a escondidas, el Ejecutivo dio marcha atrás.

Y regresó a la situación actual, que obliga a que los padres tutelen la intervención, con la excepción de aquéllas que aleguen que eso es imposible, en cuyo caso la decisión última recaerá en el médico. "Salvo las adolescentes que tengan una relación magnífica con sus padres, todas, absolutamente todas, van a tener una razón fundada para no informarles", dijo Barambio. "Y los médicos tendrán la responsabilidad de decidir si los reparos de las jóvenes para informar a sus padres están fundados. Estamos absolutamente igual que antes", aseguró Barambio.