Apenas unas horas después de que el Gobierno diera a conocer la composición de la comisión que mañana ha de empezar a abordar la reforma del Código Penal sobre los delitos sexuales, a raíz de la sentencia de La Manada, dos de sus miembros presentaron ayer su dimisión. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Francisco Muñoz Conde, vocal de esta comisión, lo hizo porque, a su entender, la convocatoria responde a una «demagogia punitiva» que recuerda al «sano sentimiento del pueblo» introducido en el Código Penal alemán durante el nazismo.

La también catedrática de Derecho Penal, en este caso en la Universidad de Barcelona, Mirentxu Corcoy lo hizo al percartarse de que no se trata de una incorporación permanente a esa comisión, formada por 20 hombres y ninguna mujer, sino de una participación puntual, según explicó a Efe. Corcoy, como prácticamente todas las catedráticas de Derecho Penal, ha firmado un manifiesto en el que se pide a los miembros de la comisión que dimitan para poder formar un grupo con el mismo número de hombres y de mujeres.

En una carta, a la que ha tenido acceso este diario, Muñoz Conde, explica que su parecer es que el artículo 178 del Código Penal no debe modificarse y debe seguir manteniendo los conceptos de violencia o intimidación para diferenciarse de otros delitos. Considera «inadmisible» que las reacciones sociales y las protestas ante el grave ataque sufrido por una mujer empujen reformas legales coyunturales que incrementan el derecho penal e imponen a los jueces preceptos legales cada vez más difíciles de interpretar. Ello sumado a los juicios paralelos da lugar a una «demagogia punitiva» que le recuerda al régimen nazi, por lo que ha decidido dimitir como miembro de la comisión.

Con la dimisión de la catedrática Corcoy, al final serán cuatro las mujeres que se sumarán a la Sección Penal de la Comisión de Codificación que revisará los delitos sexuales. Se trata de dos catedráticas de Derecho Penal, de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, y de la letrada de las Cortes Generales Blanca Hernández Oliver, exdelegada del Gobierno para la violencia de género. La inclusión de mujeres fue acordada por el ministerio, tras conocerse que este órgano estaba compuesto íntegramente por hombres. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reafirmó ayer en el Senado en su opinión sobre el juez Ricardo Javier González, que presentó el voto particular en el caso de ‘la Manada’, y señaló que, si habla de «jolgorio o regocijo», no es por un «problema de leyes», sino de «formación» y «sensibilización». A preguntas de dos senadoras (del PNV y de la Agrupación Socialista Gomera), el titular de Justicia defendió la calidad del sistema español y rechazó que pueda ser descalificado solo por esa sentencia. En todo caso, alentó los cambios legislativos porque el Tribunal Supremo ha avisado reiteradamente que los tipos penales que tienen que ver con la actividad sexual son «laberínticos» y tienen «defecto de origen».