La organizaciones Greenpeace y Avaaz han entregado hoy a la Comisión Europea (CE) la primera "iniciativa ciudadana" de la UE, una petición para que se aplique una moratoria a la aprobación de productos transgénicos firmada por más de un millón de ciudadanos comunitarios. El texto reclama a la Comisión que detenga las autorizaciones al cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) y que constituya una autoridad reguladora "independiente, ética y científica" encargada de evaluar el riesgo de estos productos para la salud humana y para el medio ambiente.
La petición, que ha sido firmada a través de internet por más de un millón de ciudadanos de los 27 países europeos, representa "la gran brecha existente entre la opinión de los ciudadanos europeos y las políticas de la Comisión", dijo en rueda de prensa el responsable de la oficina europea de Greenpeace, Jorgo Riss.
Las dos ONG comenzaron a recopilar firmas el pasado mes de marzo, cuando la Comisión autorizó el cultivo de la patata transgénica Amflora "sin cumplir los requisitos de la legislación comunitaria", explicó la directora de Avaaz, Ricken Patel. El Ejecutivo comunitario "desoyó las opiniones de la comunidad científica y la oposición mayoritaria de los ciudadanos" a la aprobación del primer transgénico desde 1998, subrayó Patel.
PREVISTO EN EL TRATADO DE LISBOA
La organización ecologista y Avaaz, que se define en su página web como "un movimiento ciudadano en línea", lograron rebasar en menos de un año el millón de signatarios para su petición y cumplieron así las principales condiciones para presentar una "iniciativa ciudadana europea". Este procedimiento, una de las novedades que incluye el Tratado de Lisboa, permite a los ciudadanos ejercer la iniciativa legislativa.
Las firmas proceden de más de un cuarto de los estados miembros y han sido "autentificadas" para descartar duplicaciones -otros requisitos acordados por la CE, el Parlamento Europeo (PE) y los Veintisiete-, destacó el responsable de Greenpeace.
AÚN NO APROBADO
No obstante, las ONG temen que el hecho de que el procedimiento para la iniciativa ciudadana no esté aún formalmente aprobado -resta el visto bueno definitivo del PE y del Consejo de la UE, previsto para antes de finales de año- pueda obstaculizar la tramitación por parte de la CE.
La CE estima que la iniciativa ciudadana "no estará en vigor" hasta su aprobación formal, por lo que rechaza "estar obligada a responder" a la petición presentada hoy, según dijo en rueda de prensa el portavoz comunitario de Sanidad y Consumo, Frédéric Vincent. Aún así, el comisario europeo del ramo, John Dalli, expresó su voluntad de "analizar seriamente la propuesta" tras recibirla esta mañana de manos de las ONG.
