Los jueces del proceso Casa Pía, uno de los más largos y polémicos de la historia portuguesa, condenaron ayer a penas de 5 a 18 años a seis acusados de pederastia de un orfanato estatal y absolvieron a la única mujer encausada. La lectura de la sentencia, que duró casi seis horas, puso fin a las investigaciones abiertas en 2002, a raíz de las denuncias de los medios de comunicación, sobre abusos sexuales cometidos durante dos décadas por hombres adinerados con niños acogidos en la institución civil Casa Pía de Lisboa, administrada por el Estado.
El chófer y antiguo alumno de la institución Carlos Silvino fue condenado a 18 años; el médico Joao Ferreira Diniz y el ex presentador de televisión Carlos Cruz a siete; el ex embajador Jorge Ritto y el abogado Hugo Marçal a seis; el ex administrador de la institución Manuel Abrantes a cinco; y Gertrudes Nunes, dueña de la casa en Elvas donde se cometían los abusos fue absuelta de delitos sexuales.
Además varios de los condenados deberán indemnizar a más de una veintena de víctimas con cantidades que van de quince mil a veinticinco mil euros.
La lectura de un resumen de las 3.000 páginas de la sentencia, cuya retransmisión no permitió el Tribunal, tuvo en vilo a los medios de comunicación de Portugal, que durante seis años han seguido las incidencias del proceso.
Los magistrados dieron por probadas la mayoría de las acusaciones imputadas a los siete procesados y ninguno fue declarado inocente pero absolvieron a la mujer por considerar que su conducta no era punible como delito sexual.
La sentencia del proceso, que consta de 66.100 folios y reúne las declaraciones de 980 testigos y los 168 recursos presentados, fue leída por la magistrada Ana Peres, que preside el grupo de jueces del Tribunal Criminal de Lisboa encargado del caso.
El juicio de la Casa Pía ha sido el más mediático de la historia de Portugal y puso en tela de juicio la labor de una institución tradicional de la beneficencia estatal lusa como la Casa Pía.
Las acusaciones que pesaban contra los siete imputados eran, además de abusos sexuales, de lenocinio y uso indebido de caudales públicos y ninguno de ellos, a excepción de Silvino, los admitió ni se declaró arrepentido.
