Un año de prisión, dos multas que ascienden a 510 euros, la prohibición de acercarse durante seis meses a menos de 200 metros del colegio público Eduard Marquina de Barcelona y el pago de 6.500 euros de indemnización. Esta es la condena que la jueza de Barcelona Araceli Aiguaviva ha impuesto por atentado contra la autoridad a Montserrat Márquez García y a Juan Vázquez Amaya, padres de un alumno de ese colegio que el 11 de octubre del 2006 agredieron a la jefa de estudios e insultaron y amenazaron a la directora y a la conserje del centro.

"No se trata de una interpretación excesiva de los preceptos penales, puesto que con el acometimiento contra aquellos que ejercen el trabajo de la educación se degrada la autoridad como concepto necesario en la vida democrática y en el diálogo y el respeto mutuo con especial reflejo en la aulas", recoge la magistrada en su sentencia. Los poderes públicos, a su entender, deben garantizar el disfrute de los derechos a la educación y a la salud pública recogidos en la Constitución y, también, el ejercicio profesional de los educadores y los sanitarios.

FUNCIONARIOS Este es el primer caso en Cataluña en el que la agresión y las amenazas a unas maestras se juzga por atentado contra la autoridad al ser las tres víctimas funcionarias. En este sentido, la jueza destaca que este tipo penal no se refiere solo a los agentes de las fuerzas de orden público, sino que desde hace unos cuantos años engloba a todos los profesionales, en especial a los que trabajan como funcionarios en la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, siempre que ejerzan una "función pública" y si el agresor conoce esta circunstancia.

La jueza ha impuesto una pena menor a la planteada por la fiscalía y una de las acusaciones, que reclamaban un año y cuatro meses de prisión, y a la de la Generalitat, que pedía un año y dos meses, aunque acoge sus tesis sobre la existencia de un delito de atentado. La magistrada, incluso, accede a la solicitud de la Administración pública de que cuando el fallo sea firme, se lea en el consejo escolar del colegio.

En el fallo, la magistrada recoge hasta ocho sentencias de diferentes tribunales. Una de ellas, dictada por el Tribunal Supremo el 27 de diciembre del año pasado, consideraba atentado la agresión padecida por un dentista de Girona.

A raíz del suceso del colegio Eduard Marquina, el entonces fiscal jefe de Cataluña, José Maria Mena, dio órdenes a sus subordinados para que se acusara a los padres del alumno de atentado contra la autoridad.