El consenso fraguado durante meses alrededor de la gran reforma del Código Penal de 1995 impulsada por el Gobierno no ha podido materializarse. El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley con la abstención del PP, IU- ICV y BNG y los votos en contra de PNV y Nafarroa Bai. Los conservadores se desmarcaron en el último momento de un texto en el que el PSOE admitió muchas de sus aportaciones. Lo hicieron, supuestamente, porque no se ha incluido la cadena perpetua revisable, aunque los socialistas apuntaron a otro motivo: el endurecimiento de las penas por corrupción introducido en la recta final de la negociación.
La reforma retoma una iniciativa emprendida por el Gobierno la pasada legislatura que no llegó a buen puerto al frenarla el exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Su sucesor, Francisco Caamaño, ha logrado sumar un sólido apoyo a un texto que endurece las penas en algunas de las cuestiones que más preocupan socialmente. Para terroristas y delincuentes sexuales se establece la libertad vigilada de hasta diez años, revisable una vez cumplida la condena. Para los cargos públicos corruptos habrá siempre penas de prisión y para el acoso laboral e inmobiliario hasta tres años.
DOS OBJETIVOS ESCONDIDOS Según fuentes socialistas, en la decisión del PP de no votar a favor de la reforma, pese a las concesiones del Ejecutivo, se esconden dos objetivos. Por una parte, utilizar electoralmente en los comicios autonómicos y municipales del 2011 su defensa de la cadena perpetua revisable, una propuesta que genera un importante debate ciudadano. Y por otro lado, seguir desgastando al Gobierno ante la constatación de que pasa por horas bajas. Una estrategia que también se vivió en la conferencia de presidentes autonómicos del pasado diciembre o en los pactos para combatir la crisis económica. Y que mantiene bloqueada la renovación del Tribunal Constitucional y que amenaza con aguar la nueva ley educativa que está elaborando el Ejecutivo.
Caamaño, de reconocida pericia negociadora, se marcó como reto contar con el apoyo de todo el arco parlamentario. No en vano, el Código Penal es uno de esos temas considerados de Estado, que afecta por igual a las comunidades autónomas y que no debe estar sujeto a cambios cíclicos vinculados a la alternancia de color político en la Moncloa. Ello explica también las enmiendas aceptadas a CiU y ERC.
"USTEDES NO SON DE FIAR" El diputado y portavoz de Justicia del grupo socialista en el Congreso, Julio Villarrubia, mostró su enojo con los populares, a los que acusó de una "absoluta y total deslealtad". "Una vez más, ustedes demuestran que no son de fiar, no son en absoluto de fiar", se lamentó Villarrubia. Este destacó la "complejidad" de la negociación parlamentaria de la reforma, al enfrentar "sensibilidades distintas". "Hemos asumido bastantes propuestas del PP, a pesar de que algunas eran duras de aceptar", aseguró. Lo que le llevó a interpretar la marcha atrás de los populares en su rechazo al incremento de las medidas contra la corrupción. "Sería bueno que explicaran por qué son tan fuertes con los débiles en referencia a la cadena perpetua revisable y tan débiles con los delincuentes de cuello blanco", les espetó.
Federico Trillo, el portavoz del Partido Popular, reconoció que su partido había podido contribuir "en no pocos aspectos" en la reforma, pero sostuvo que no podía apoyarla por tener "demasiadas sombras, demasiados huecos e inquietudes".
PARCHEO DE ULTIMA HORA El principal vacío, insistió Trillo, es la prisión perpetua revisable que, según dijo, tienen todos los países de Europa menos España y Portugal. Y el aspecto más criticable, el parcheo de ultima hora pactado con CiU y ERC sobre la multirreincidencia. La introducción del arresto de fin de semana para los autores de pequeños robos reiterados "pasará a los anales del derecho penal" por su carácter "esperpéntico", afirmó el portavoz popular. Todo lo contrario de lo que opinaron convergentes y republicanos que sacaron pecho por su importante participación en la reforma.
