El pleno del Congreso ha aprobado de manera definitiva el proyecto de ley de dependencia con el aval de la mayoría de los partidos. Solo se han opuesto CiU y PNV al entender que invade competencias de las comunidades autónomas. Además, no ven garantizada la suficiencia financiera, la progresividad y el acceso universal a los servicios, por el sistema de copago contemplado. Según datos oficiales, hay 1,2 millones de españoles dependientes. La ley desarrolla el cuarto pilar del Estado del bienestar, por el que se reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir una atención por parte del Estado cuando no puedan valerse por sí mismos al llegar a ancianos o a consecuencia de un accidente o enfermedad invalidante. Los ciudadanos deberán realizar una aportación, en función de su renta, pero nadie quedará desatendido por falta de recursos.La norma tendrá un desarrollo gradual hasta 2015 y se empezará a aplicar sobre las personas dependientes que se encuentren en peor situación. La Administración General del Estado aportará 13.000 millones de euros hasta 2015 para garantizar las prestaciones y servicios básicos del sistema. Las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en la materia, deberán aportar una cantidad similar.Zapatero resalta la norma como un "hito histórico"El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha valorado la aprobación de la ley de dependencia como un "hito histórico" y ha asegurado que la norma supone "un nuevo pilar en el que sustentar la cohesión española", al igual que la sanidad pública, la enseñanza obligatoria o el sistema de pensiones."Me siento orgulloso de un país que refuerza su riqueza, la dignidad y la cohesión solidaria con sus ciudadanos", ha destacado el jefe del Ejecutivo, quien ha advertido de que la riqueza de un país "no se mide sólo en PIB o la renta per cápita", sino "en la capacidad de generar solidaridad atender a quien más lo necesitan y hacer justicia".Zapatero ha destacado los beneficios que supondrá esta ley, tanto para los dependientes como a sus familias, así como su impacto en el mercado laboral, (más de 300.000 nuevos empleos) y el esfuerzo financiero que realizarán las administraciones (26.000 millones de euros) en los próximos años.Aplicación lo antes posibleEl ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha afirmado en el Congreso que la nueva ley se irá poniendo en marcha "lo antes posible pero dentro de su complejidad", destacando que la financiación del nuevo sistema a cargo del Estado permitirá a sus usuarios tener que aportar solo una "pequeña" cuantía económica para su desarrollo.En este sentido, ha destacado que, "a pesar de la complejidad que entraña la ley", el Consejo Territorial se creará antes de finalizar el año, recordando que también se deben establecer todavía los baremos y los equipos de valoración, que decidan en qué medida se hacen efectivas las medidas "con las que cuentan a partir de hoy las personas que no pueden valerse por si mismas", añadió Caldera.Los grupos nacionalistas que han votado en contra del texto han pronosticado que la iniciativa será "corregida tarde o temprano", ya sea por el Tribunal Constitucional o por los grupos políticos en el Parlamento.