A los dos años de la introducción en el Código Penal de las penas por delitos contra la seguridad vial, la Dirección General de Tráfico (DGT) y los partidos políticos han introducido modificaciones para suavizar el castigo a los infractores menos graves y que no han causado accidentes. Con la norma actual, si un automovilista es cazado, por ejemplo, con una tasa de alcohol de 0,59 miligramos por litro de aire espirado, es castigado con la pérdida de seis puntos del carnet y 500 euros de multa. En cambio, los conductores con alcoholemias superiores a 0,60 son privados del permiso de conducir entre uno y cuatro años, castigados con 6.000 euros de multa y, además, tienen que realizar trabajos en beneficio de la comunidad o ir a la cárcel en el caso de que sean reincidentes.

La flexibilización de las penas conllevan que el juez decida qué sanción es más adecuada. En el marco de la reforma del Código Penal que se debate en el Congreso, PSOE y CiU han incorporado enmiendas para que el juez pueda decidir si envía al imputado a la cárcel, le impone una pena en beneficio a la comunidad o solo una multa.