A los casi cuatro años y medio de la entrada en vigor de la ley contra la violencia sexista, la subcomisión del Congreso que durante los últimos 12 meses ha estudiado su aplicación pidió ayer al Gobierno que acometa una serie de reformas en el texto para incrementar su efectividad. Entre ellas, reclama que el consumo de alcohol o drogas por parte del agresor machista sea un agravante de la pena y no como hasta ahora que a veces se considera eximente o atenuante. Asimismo, el documento exige que los maltratadores pierdan la custodia y el régimen de visitas de sus hijos una vez que la condena sea firme. Con todo, los diputados consideran que la norma actual sigue siendo "un instrumento adecuado" para prevenir y perseguir el maltrato.
El objetivo de las modificaciones es lograr una protección completa de los menores ante situaciones siempre complicadas, dado que la ley permite al juez "suspender" la custodia o el régimen de visitas pero en la práctica casi ningún juzgado impone esta pena. De hecho, ninguna de las 530 sentencias analizadas recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recoge dicha suspensión.
El PSOE, grupo encargado de dar forma a las sugerencias de los 60 expertos consultados, quería que la simple admisión a trámite de una denuncia por maltrato impidiera al padre ver a sus hijos. Pero finalmente, según explica la portavoz socialista, Carmen Montón, decidió retirar la propuesta por su difícil encaje legal.
CASOS Por contra, la subcomisión sí pide a los tribunales que no acepten el llamado síndrome de alienación parental. La abogada experta en violencia sexista Sara Vicente se felicita de esta medida que, de llevarse a la práctica, impedirá que en casos extremos "las madres acusadas de poner a los hijos en contra del padre pierdan su custodia". En cuanto al consumo de alcohol o drogas, los diputados solicitan que sea considerado como "agravante específico", al igual que ocurre con los delitos contra la seguridad vial.
