El Consejo Fiscal ha estudiado el controvertido plan del Gobierno para atajar la piratería en la red, que se encuentra dentro del anteproyecto de ley de economía sostenible, y hay tres aspectos básicos con los que no está de acuerdo.

Pese a considerar "comprensible" el esfuerzo del Ejecutivo, el órgano consultivo del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, sostiene que el modelo otorga una protección excesiva al derecho de la propiedad intelectual; que obvia al juez en ciertos casos en los que este tiene que intervenir; y que establece que la Comisión de Propiedad Intelectual, el nuevo órgano dependiente del Ministerio de Cultura, disfrute de dos funciones por completo distintas --mediadora y represora-- y eso, sostiene el Consejo Fiscal en su informe, induce a la "confusión".

Hasta que llegó la iniciativa antipiratería, que contempla actuar contra las webs que faciliten el intercambio no permitido de archivos y por el momento no se encuentra en vigor (se prevé que se aplique cuando acabe el verano), solo se podía cortar el acceso a la red por estos motivos: la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública; el respeto a la dignidad de la persona, y la protección de la juventud y la infancia. A estos supuestos, el Ejecutivo añade uno nuevo, los derechos de autor, pero el Consejo Fiscal no ve con buenos ojos esta fórmula. "Debemos resaltar que es dudoso que la protección de la propiedad intelectual deba ponerse a la misma altura que el resto de los bienes jurídicos protegidos", dice el texto.