El duro pulso entre los controladores aéreos y el Gobierno se desplaza al frente judicial. Doce controladores se negaron ayer a declarar ante el fiscal de Madrid acogiéndose a su derecho constitucional y reivindicando su condición de militares. A su vez, el sindicato USCA recurrió ante el Tribunal Supremo los dos decretos con que el Gobierno militarizó el espacio aéreo y declaró el estado de alarma. Y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, confirmó en Zaragoza --donde presidió una reunión de fiscales jefe de Tribunales Superiores de Justicia-- que sus subordinados pedirán hasta ocho años de cárcel para los instigadores del motín.
La Fiscalía de Madrid aceptó el envite y ha citado a otros 14 controladores para que comparezcan mañana y el lunes. En el caso de que tampoco respondan a las preguntas, la fiscalía remitirá sus diligencias a un juzgado de instrucción "para no perder el tiempo". Ayer llamó a los primeros técnicos que el viernes por la tarde abandonaron su puesto de trabajo y se fueron a un hotel de Madrid que la USCA había reservado la tarde anterior. Los controladores acudieron al llamamiento del fiscal acompañados por sus abogados, ya que declararon en calidad de imputados. Sin embargo, sus comparecencias se resolvieron en una hora.
DERECHO CONSTITUCIONAL Los técnicos aéreos, según el fiscal jefe provincial de Madrid, Eduardo Esteban, se acogieron a su derecho constitucional a no declarar, se reservaron para comparecer ante el juez y recordaron que tras la decisión del Gobierno de movilizarles son militares y en su opinión deben comparecer ante un juez militar. La fiscalía no se arredró y hoy ha convocado a otros seis técnicos, y el lunes, a ocho.
El fiscal jefe provincial de Madrid también explicó que la fiscalía no había pedido ninguna medida cautelar contra los técnicos, primero porque el ingreso en prisión debe acordarlo el juez, y segundo porque no le pareció oportuno reclamar esta medida para que los controladores no interpretaran estar siendo presionados por su negativa.
Esteban también confirmó que la fiscalía de cada comunidad autónoma abrirá sus propias diligencias, ya que el delito de sedición se ha cometido en cada aeropuerto en el que los controladores se plantaron.
La Fiscalía de Madrid ha sido la primera en actuar porque en esta comunidad se produjo el mayor número de abandonos (la de Barcelona probablemente actuará en los próximos días). La policía y la Guardia Civil han informado a los fiscales de que en la tarde del viernes abandonaron sus puestos unos 50 controladores en Barajas y en Torrejón de Ardoz y que solo se quedaron los técnicos necesarios para atender las situaciones de emergencia, como aviones que no tenían suficiente combustible para aterrizar en otros aeropuertos o aviones sanitarios. La misma tónica se repitió durante la noche del viernes y durante la mañana del sábado.
Los controladores se acogieron al artículo 24 del reglamento, que les faculta y obliga a no seguir trabajando si no están en condiciones físicas y psíquicas para hacerlo. Los técnicos firmaron una declaración jurada en la que aseguraron que no podían permanecer en sus puestos por el estrés que les había provocado la aprobación del decreto sobre su horario de trabajo y por la presencia de los militares que se encargaban de controlar el espacio aéreo el viernes por la noche por orden del Gobierno, según fuentes fiscales.
UNIFICACION DE CRITERIOS El fiscal general del Estado unificó los criterios de actuación de las fiscalías ante este motín. Y ordenó que los fiscales reclamen ocho años de prisión para los organizadores. Precisamente, la Fiscalía de Madrid está a la espera de un informe policial para identificar a los organizadores de la huelga salvaje. La investigación es compleja, ya que es necesario adoptar medidas restrictivas para analizar quién dio la orden a los 174 huelguistas de Barajas y Torrejón de Ardoz. Los responsables de la USCA están en el punto de mira, ya que organizaron la asamblea celebrada por algunos controladores en un hotel de Madrid.
