Nuevo paso en la persecución de los delitos ecológicos. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la nueva ley de montes que incluye la creación de una fiscalía general de medio ambiente con funciones equiparables a la de los actuales fiscales anticorrupción o antidroga.
El texto aprobado establece que el nuevo fiscal será nombrado por el Fiscal General del Estado tras escuchar al Consejo Fiscal y fija sus materias de actuación, "los delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales".
MEDIOS POLICIALES Para desarrollar su labor el fiscal contará con "las unidades necesarias del Servicio Especial de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), así como del resto de las fuerzas de seguridad que tengan competencia en temas ambientales". También podrán adscribirse a la fiscalía los profesionales y expertos que sean necesarios para apoyarle.
La norma también prevé la creación de las fiscalías de medio ambiente en las comunidades autónomas que aún no disponen de ella --Catalunya y Madrid hace tiempo que las crearon--, y encomienda su coordinación al nuevo fiscal del Estado.
La fiscalía especializada en delitos ecológicos es una vieja reivindicación de los grupos ecologistas y una promesa electoral del PSOE en la pasada campaña. El Ejecutivo se propuso inicialmente incluirla en la futura ley de responsabilidad civil de actividades contaminantes pero al final la ha incluido en la ley de montes con dos objetivos: acelerar su creación, porque la tramitación de ésta última está más avanzada, y porque el Gobierno quiere darle un papel de especial relevancia en la lucha contra los incendios forestales.
VETO A LA RECALIFICACION La otra novedad que incluye el anteproyecto es la prohibición de recalificar los terrenos forestales incendiados durante un mínimo de 30 años. No podrán destinarse ni la agricultura, ni a la industria, ni a la construcción. El objetivo es, según explicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, acabar de raíz con los incendios "causados por los especuladores".
En la norma se ha introducido a última hora un artículo que otorga la condición de autoridad pública a los vigilantes forestales, lo que les facultará para hacer inspecciones, investigar y tomar pruebas, que sólo hacían los cuerpos policiales.
