Un grupo de expertos internacionales en legislación y derechos humanos criticó ayer en México la tendencia de algunos países de promover normativas penales específicas para personas con VIH, que en ocasiones pueden acarrear sentencias de cárcel de varios años.
Así ha ocurrido en Estados Unidos, Australia, en al menos seis países europeos y en Africa, donde quince países han adoptado el modelo de una ley lanzada en Ghana en el 2004 por la no gubernamental Aware HIV/AIDS que ha servido de modelo para introducir esta normativa con algunas modificaciones.
En rueda de prensa, el magistrado surafricano Edwin Cameron, seropositivo desde hace más de veinte años, lamentó que medidas como imponer pruebas de VIH obligatorias, permitidas por algunos países, violen los estándares internacionales de derechos humanos de los portadores del virus.
"Detrás de la ley está el impulso de usar el derecho penal para frenar la prevención, para realzar el mensaje del sexo seguro y también el impulso punitivo de decir ´esa persona me ha transmitido el VIH´", indicó Cameron.
El Programa de Naciones Unidas frente al VIH/SIDA (ONUSIDA) es crítico con la tendencia porque con ella corren el riesgo de ser criminalizadas personas que desconocen que son seropositivas o que ignoran cómo se transmite la epidemia.
Tampoco está de acuerdo con una de las provisiones más polémicas, aquella que obliga a una persona a decirle a otra su condición "cada vez que tenga un contacto sexual", concepto este último que no queda definido al detalle.
