El Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha comenzado a cobrar a los municipios de Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres, Zarza la Mayor y Mata de Alcántara, un canon anual de regulación, entre otros conceptos, para amortizar las obras de las presas de agua de abastecimiento de esos municipios, que dicha confederación construyó hace más de 20 años. "Dicho canon, que viene regulado en la ley de aguas, debió comenzarse a cobrar al terminar las obras, pero nunca se hizo y ahora 20 años después el Gobierno pretende recaudar dinero a costa de los vecinos de estos cuatro municipios de la provincia de Cáceres", se explica en un comunicado remitido desde los ayuntamientos afectados.

En el caso de Arrroyo de la Luz, este año serán mas de 70.000 euros, unos 21.000 euros en el de Casar de Cáceres, unos 15.000 euros para Zarza la Mayor y 20.000 euros para Mata de Alcántara. Cifras que irán subiendo cada año hasta los próximos 5 años, y que se cobrarán por parte del Gobierno de España durante los próximos 50 años.

Santos Jorna, alcalde de Arroyo de la Luz, Florencio Rincón, alcalde de Casar de Cáceres, Maria Esther Gutiérrez, alcaldesa de Zarza la Mayor, y Luis Amado Galán, alcalde de Mata de Alcántara, acudieron el pasado 27 de junio a la reunión de la Confederación Hidrográfica del Tajo --a su junta de Explotación-- que tuvo lugar en Valdecañas, donde mostraron su total disconformidad con el cobro que ha comenzado a hacer el Gobierno de España a sus ayuntamientos por unas obras que se hicieron hace mas de dos décadas y que ahora, 20 años después, han comenzado a cobrar "con una absoluta arbitrariedad, falta de rigor y seguridad jurídica". En la junta de explotación de la Confederación Hidrográfica del Tajo "no supieron ni tan siquiera explicarles cómo calculan la cuantía a abonar por cada ayuntamiento, y que distribuyen costes similares en presas muy diferentes unas de otras en tamaño y cuenca", se añade.

COBRO PRESCRITO A juicio de los responsables de estas cuatro localidades, la posibilidad de cobro ha prescrito, al tiempo que se recalca que "a los ayuntamientos de entonces no se les comunicó nunca que tuvieran que pagar el 4% de la amortización de las obras hechas por el Gobierno". Así las cosas, se preguntan cómo es posible que "no se haya dicho ni hecho nada en veinte años, y ahora se pretenda cobrar desde el año uno, como si no hubieran transcurrido esos veinte años".

En este sentido, consideran que es "una absoluta falta de seriedad, una vergüenza, que solo persigue recaudar dinero para el Gobierno de España a costa de los vecinos de los cuatro municipios que no solo van a tener que soportar el canon que les ha puesto la Junta de Extremadura, sino que ahora también tendrían que soportar otro canon impuesto por el Gobierno de España".

Por este motivo, estos cuatro regidores anuncian que no se van a quedar "de brazos cruzados" y que llevaran "al Gobierno de España, a la Confederación Hidrográfica del Tajo", a los tribunales, recurriendo la decisión de comenzar a cobrar ese canon ante los tribunales contencioso-administrativos. Igualmente, también aprobarán mociones en sus plenos criticando esta medida y comenzarán una campaña de información a sus ciudadanos "de este nuevo atropello que quiere cometer el gobierno del Partido Popular con nuestros vecinos", se afirma en la mencionada nota, para "sacarles mas dinero de sus bolsillos".