Los centros penitenciarios que cuenten con un número de diez o más presos musulmanes que soliciten recibir asistencia religiosa podrán habilitar un local adecuado para celebrar el culto, de acuerdo a las posibilidades de la cárcel, según consta en un Proyecto de Real Decreto que desarrolla los acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas minoritarias.

Este proyecto recibirá el próximo miércoles informe positivo por parte del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

CERTIFICADO DE PENALES Este órgano judicial, no obstante, pide a la Administración que intensifique los controles y la información sobre las personas candidatas a prestar asistencia religiosa en las cárceles, además del certificado negativo de antecedentes penales que establece el proyecto.

El proyecto va dirigido, además de al Islam (confesión religiosa que ha experimentado un auge importante en las cárceles a raíz de la inmigración), a las entidades religiosas evangélicas y a las comunidades israelitas.