Las industrias españolas deberán desembolsar un máximo de 3.000 millones de euros para que las emisiones de gases contaminantes se ajusten al protocolo de Kioto durante el periodo 2008-2012. El dinero irá destinado a la compra de derechos para emitir CO2 y a la mejora de las instalaciones para contaminar menos.
El objetivo del Gobierno, según explicó ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, es que España llegue al 2012 con un aumento de las emisiones del 37% respecto a 1990. Kioto obliga a España a que el porcentaje sea del 15%, así que la diferencia se compensará con medidas como las inversiones en países que contribuyan a reducir la contaminación y el fomento de la reforestación. El plan nacional de asignación fija que el sector eléctrico podrá emitir 54 millones de toneladas de CO2 al año, un 11% menos de lo que emitió en 1990.
El plan obligará a los sectores energético e industrial a reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), principal causante del cambio climático, en el periodo comprendido entre 2008 y 2012.
Los secretarios generales de Política Económica, Angel Torres, y de Industria, Joan Trullén, aseguraron que en nuevo Plan, que se somete a información pública desde mañana, permitirá a España cumplir los compromisos que adquirió al ratificar el Protocolo y asegurar la competitividad y el empleo de la industria, así como la estabilidad económica y presupuestaria.
Cristina Narbona comparó el coste máximo de 3.000 millones de euros con que lo que cuesta anualmente a España el incremento del precio del petróleo, que cifró en 17.700 millones de euros, y aseveró que aunque el Protocolo de Kioto no existiera, el país debería hacer un esfuerzo por "desengancharse" progresivamente del petróleo.
