La confusión que vivieron ayer algunos municipios es la consecuencia de un cambio de última hora en los requisitos de la regularización. Desde antes de que se iniciara el proceso, muchas organizaciones sociales, el Defensor del Pueblo y los colegios de abogados habían pedido que se aceptaran otros documentos, además del padrón, para certificar la estancia en España antes del 8 de agosto del 2004.
Todos coincidían en que en las zonas rurales, y sobre todo en Andalucía, donde el padrón no era necesario para acceder a la sanidad, muchos irregulares habían O3pasado de censarse. Para colmo, en la última ley de extranjería acordada por PP y PSOE se autorizó a la policía a acceder al padrón, lo que disuadió a otros de apuntarse.
El Ministerio de Trabajo no cedió a estos argumentos hasta la semana pasada y ahora sólo quedan tres semanas para acoger un nuevo alud de aspirantes a la regularización, con el agravante de que los inmigrantes deben pasar antes por el filtro municipal.
Como no había tiempo para cambiar el reglamento de extranjería, el texto que establece la necesidad del padrón, se recurrió a la triquiñuela legal del empadronamiento por omisión. El problema es que los municipios deben asumir ahora una alud imprevisto e informar sin preparación.
El Gobierno se ha negado a prorrogar el plazo. El reglamento también fija que serán "tres meses", aunque a juzgar por lo visto no se puede descartar un atajo legal para alargarlo. M. V.
