El delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, afirmó ayer que la decisión de alejar el Prestige "fue la menos mala" y negó que tuviese ninguna intención de dimitir. Fernández de Mesa compareció ante los medios de comunicación después de que trascendiese que un juez de Corcubión lo ha citado como imputado en el sumario abierto tras la querella de Nunca Máis por llevar el petrolero mar adentro.
Fernández de Mesa aseguró sentirse víctima de una conspiración política. "He jugado el papel que me corresponde y asumo todas las responsabilidades que me competen", dijo. Insistió en que siempre ha actuado "dando la cara" y que se siente "perfectamente respaldado por el Gobierno de Madrid".
LAS COMPARECENCIAS
El responsable del Ejecutivo en la comunidad gallega precisó que las decisiones adoptadas por los técnicos de la Administración española "fueron las menos dañinas", e insistió en que su función en la crisis fue sólo informativa. "He querido transmitir puntualmente los informes de quienes técnicamente sabían y adoptaban las decisiones", añadió.
Pese a todo, Fernández de Mesa justificó la decisión del Gobierno de Aznar de no dejar que participe en ninguna investigación política, ni en el Parlamento gallego, ni en el de Madrid: "No hay precedentes de que ningún delegado del Gobierno haya comparecido en el Congreso. En todo caso, quien me ha sustituido no es de rango menor. En los asuntos del Casón o del Mar Egeo tampoco compareció ningún delegado del Gobierno", indicó.
EN BUSCA DE DINERO
Al Gobierno le preocupa el revés judicial que ha supuesto la imputación tanto de Fernández de Mesa, como del excapitán marítimo de A Coruña, Angel del Real, y del director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, por la decisión de alejar el Prestige de la costa en plena zozobra.
Por contra, en el ámbito internacional las decisiones están resultando favorables para el Gobierno. La denuncia que Greenpeace interpuso ante la Comisión Europea, en la que acusaba a Madrid de incumplir la directiva comunitaria sobre residuos al no remolcar al petrolero a puerto, está lejos de prosperar.
La Comisión Europea resolvió ayer que la decisión de alejar el barco no contradice ninguna norma comunitaria, aunque no existe un dictamen definitivo.
Mientras, el Gobierno busca financiación para solucionar definitivamente las fugas del petrolero. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo ayer que para cubrir ese gasto se recurrirá al fondo de contingencia y a recursos de la UE.
La solución inicial, bombear el fuel, cuesta 230 millones de euros (48.180 millones de pesetas).
