La Asociación de Simpatizantes de la Guardia Civil (ASIGC), constituida por agentes de la Benemérita, denunciaron ayer la supuesta venta irregular de más de cien motores fuera borda de pateras intervenidas judicialmente en Fuerteventura. Según sus datos, funcionarios del cuartel de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, habrían vendido ese material a personas de la citada localidad canaria.
Un portavoz de la Dirección General de la Guardia Civil dijo conocer la existencia de la denuncia, pero rehusó hacer comentario sobre la misma.
En el texto, entregado en los juzgados de Puerto del Rosario, se afirma que se trata de motores requisados por agentes a pateras que llegan a la costa de Fuerteventura con sin papeles que pretenden entrar en territorio español.
En la denuncia se subraya que, ante la gran acumulación de motores de pateras y para evitar que se conviertan en chatarra, "son vendidos". A cambio, los autores "reciben alguna transacción económica". Los motores también pueden servir "como pago en especie por supuestas obras efectuadas en el cuartel". Los denunciantes también sospechan que las piezas han podido ser citadas a vecinos de Puerto del Rosario.
El firmante de la denuncia, Joaquín Parra Cerezo, presidente de la ASIGC, cita como "últimos responsables" a los mandos de las unidades afectadas, al tiempo que critica el desinterés judicial y de la Agencia Tributaria, que deberían proceder a la subasta pública del material. El guardia civil denuncia la existencia de ese supuesto comercio ilegal, pero dice ignorar "los beneficiarios o personas que se hubieran lucrado de dicha actividad o transacción".
A juicio de la asociación, constituida legalmente, dichos motores, fruto de la intervención de la Guardia Civil para la represión del delito e infracciones de la ley de extranjería, se constituirían como "pruebas de un delito".
