Con tranquilidad, y poco ruido, los bloques ocupados de forma ilegal por varias familias gitanas en Jun (Granada) fueron recobrando ayer la normalidad y quedaron vacíos. Se habían enterado por la prensa el día anterior, y pasaron la noche recogiendo sus pertenencias para regresar a sus casas, en Baza y en el barrio marginal de La Cartuja.
Sólo dos familias cumplieron su amenaza de instalarse con sus enseres ante las puertas del Ayuntamiento, aunque una de ellas, formada por Oliver, Josefa y sus tres hijos pequeños, abandonó su propuesta a media tarde ante la amenaza de que los servicios sociales les retirasen la custodia de los niños, por lo que se fueron a casa de unos conocidos.
Antes de irse, Oliver exigió al alcalde que le compensen los 1.200 euros que dice haber gastado en adecentar la casa el tiempo que ha pasado en ella, y volvió a pedir a los servicios sociales la concesión de una casa de protección oficial "ya que la cueva donde vivía se ha hundido".
La familia de Carmen y Alvaro, residente en los pisos desde hace dos años y medio pero sin ningún contrato que lo certifique salvo el padrón municipal, consiguieron que el alcalde les garantizase una vivienda para seguir en el pueblo. Mientras tanto, vivirán en el cámping.
La mañana transcurrió entre paseos cargando muebles. Cuando la Guardia Civil llegó para dar la orden judicial de desalojo en 18 pisos, se toparon con muchas viviendas vacías, ya que sus ocupantes temporales habían decidido volver antes en previsión de altercados. Un representante de los propietarios se apresuró a cambiar las cerraduras a medida que se iban. Tres pisos tenían la puerta cerrada con candado y nadie respondía, por lo que en principio se pensó que los intrusos podían haberse atrincherado dentro, algo que no ocurrió.
