La Policía Nacional ha desarticulado una red que en los últimos años captó a cerca de 500 mujeres en Rumanía, algunas menores de edad, y las obligaba, bajo amenazas y agresiones, a prostituirse en el barrio del Raval de Barcelona.
Esta operación, que se ha llevado a cabo con la colaboración de las policías de Rumanía y Noruega, ha permitido detener a 11 personas, siete de ellos de nacionalidad rumana, tres españoles y un paquistaní. Al parecer, los arrestados captaban en Rumanía a las mujeres, algunas menores de edad, aprovechándose de que sufrían una precaria situación económica, y les ofrecían trabajos legales en hoteles.
No obstante, una vez llegadas a España, o a otros países donde la red también estaba implantada, las mujeres eran distribuidas entre diferentes proxenetas que trabajaban para la organización desarticulada, que estaba muy ramificada y operaba bajo el control de clanes familiares.
Las obligaban a vender estupefacientes
Los proxenetas, que controlaban varias calles del Raval de Barcelona, reclamaban a las mujeres una elevada deuda por los gastos ocasionados por su traslado a España, y las obligaban a prostituirse para cobrarla.
Además de la prostitución, algunas mujeres también eran obligadas a vender sustancias estupefacientes, según la policía. Por su parte, los proxenetas se encargaban de recoger el dinero que diariamente recaudaban las prostitutas.
Según la policía, cuando alguna de las mujeres se negaba a ejercer la prostitución, era obligada mediante amenazas de todo tipo, contra ellas y sus familiares, y además sufría agresiones físicas e incluso sexuales. Además, la organización adoptaba varias medidas de precaución para evitar que las mujeres lograran fugarse, y por ello no las dejaban ir solas a ningún lugar y les retiraban la documentación.
La investigación comenzó hace un año
La investigación se inició a principios de mayo del 2006, cuando la policía recibió un aviso de la policía rumana donde se alertaba de la existencia de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de personas. Además, la policía noruega también confirmó a través de Europol que estaba trabajando en un caso parecido, y finalmente se cercioró de que se trataba de las mismas personas.
Los agentes de la policía descubrieron en la capital catalana que una empresa de la construcción efectuaba, a través de la subdelegación del Gobierno, peticiones de ofertas de trabajo y residencia para ciudadanos rumanos y paquistanís que resultaban fraudulentas.
A raíz de este hallazgo, se pudo comprobar que había una relación entre esta empresa y la red investigada, que se nutría económicamente de la explotación del ejercicio de la prostitución.
