La Policía detuvo ayer en Madrid a una española de origen guineano y a tres hombres por celebrar matrimonios de conveniencia para la regularización de ciudadanos subsaharianos a cambio de dinero. Los hombres se encargaban de buscarle "novios" a los que cobraban 3.000 euros (500.000 pesetas) por cada boda.
Los agentes han comprobado que la detenida, Consuelo I.K., de 23 años, formalizó al menos tres matrimonios, sin haber presentado los preceptivos certificados de anulación de las uniones anteriores. Para soslayar la legislación, los novios presentaban en diferentes registros civiles declaración jurada de soltería. Consuelo figuraba como soltera en el registro Civil Central, ya que no aparecía reflejada ninguna incidencia respecto a su estado civil en su partida literal de nacimiento.
Uno de los matrimonios se celebró en Alcalá de Henares (Madrid) con Gabriel C.O. y otro en Albacete con Enmanuel CH. O., ambos de Nigeria.
A continuación, los maridos solicitaban demanda de visado para tramitar el permiso de residencia en España como familiares de residentes comunitarios. La Policía investiga más posibles casos en el entorno de Madrid, ante la aparición de solicitudes de residencia sospechosas.
LOS DETENIDOS
Los tres hombres detenidos --Luis Melchor I.D., guineano de 24 años; Deogracias Félix M.M., guineano de 38 años, y José María E.A., español de 24 años--, actuaban como promotores y se encargaban de buscar novios a la contrayente. Cuando conocían a algún guineano o subsahariano que deseaba regularizar su situación en España, le pedían dinero a cambio de un matrimonio fraudulento con Cristina y posiblemente con otras mujeres, que la Policía investiga.
Ellos se encargaban de la documentación necesaria e iniciar los trámites para la celebración de las bodas. Incluso buscaban "testigos" a los que abonaban 500 euros (83.000 pesetas) por su actuación, mientras la novia cobraba 3.000 euros (500.000 pesetas) por enlace. Después, cada contrayente se iba por su lado, sin convivir un solo instante.
La Fiscalía General del Estado ha advertido recientemente de la proliferación de estos matrimonios. En Francia son castigados con hasta 5 años de cárcel y 30.000 euros (5 millones de pesetas) de multa.
