Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a una mujer que, haciéndose pasar por policía, estafó presuntamente a más de 90 inmigrantes en situación irregular, en su mayoría de origen de brasileño, a los que prometía obtener el permiso de residencia a cambio de dinero. La arrestada, de nacionalidad española, prometía a sus víctimas regularizar su situación gracias a los "contactos" que decía tener en las oficinas correspondientes.
Las víctimas, en su mayoría de origen brasileño, debían abonar 3.500 euros para conseguir los papeles. Los investigadores han podido determinar que hay más de 90 inmigrantes estafados y que el beneficio obtenido podría superar los 350.000 euros. La operación ha sido realizada por la Brigada Central contra las Redes de Inmigración de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, en colaboración con la Comisaría Local de Torrejón de Ardoz, ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Las investigaciones se iniciaron en mayo de 2007, tras varias denuncias formuladas por ciudadanos brasileños en Madrid y en Torrejón de Ardoz. En sus declaraciones manifestaron haber sido estafados por una mujer que se hacía pasar por agente de policía y que les había prometido obtener el permiso de residencia, el DNI e incluso la nacionalidad española, a cambio de una cantidad que oscilaba entre 3.000 y 3.500 euros.
La presunta estafadora, que alegaba ser "policía secreta o de extranjería", explicaba a sus víctimas cuáles eran los pasos que tenían que seguir y se comprometía a avisarles en un plazo de quince o veinte días, al objeto de que estamparan sus huellas en el impreso correspondiente y hacerles entrega de la documentación. Al transcurrir este plazo sin recibir ninguna comunicación, los perjudicados comparecían de nuevo en el lugar de la cita, interesándose por el estado en que se encontraban los trámites.
Ella alegaba entonces diferentes motivos para justificar el retraso, como que dependía de terceras personas, que no habían abonado la totalidad del dinero o que se habían retrasado unos días. Los estafados coinciden en que siempre se mostraba "muy segura" en sus respuestas, por lo que, al desconocer las víctimas los mecanismos y trámites de la Administración, quedaban satisfechos con sus explicaciones.
No obstante, cuando sus argumentos y excusas no les convencían, les amenazaba con expulsarles del país, alegando su condición de "agente de la autoridad". En el registro de su domicilio, la policía ha intervenido fotocopias de las páginas biográficas de los pasaportes de un "gran número" de ciudadanos extranjeros y fotografías tamaño carné, libretas bancarias, varios cuadernos con teléfonos y datos relacionados con los perjudicados y recibos bancarios de pagos efectuados por extranjeros.
