Agentes de la Policía Nacional han detenido a 21 personas y han desarticulado en Castellón una organización dedicada organizar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros, procedentes en su mayoría de Nigeria, para obtener una autorización de residencia en España. Según han explicado fuentes del Ministerio del Interior, los detenidos cobraban unos 10.000 euros a los inmigrantes ilegales por gestionar los llamados matrimonios "blancos".
Los investigadores estiman que esta red habría celebrando más de 400 enlaces de este tipo desde 1999, muchos de ellos sin la autorización ni conocimiento del supuesto contrayente español a quien usurpaban su identidad. Los detenidos, cinco de nacionalidad nigeriana y dieciséis españoles, entre ellos dos jóvenes menores de edad, están acusados, según los casos, de delitos de asociación ilícita, usurpación del estado civil, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental y bigamia. Según las mismas fuentes, los matrimonios de conveniencia se habrían celebrado en Castellón, Valencia, Alicante, Zaragoza, Teruel, Tarragona, Barcelona, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Zamora, Almería y Murcia.
La operación, denominada "Níger", ha sido realizada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Provincial de Castellón, y ha contado con la colaboración de los obispados de Tortosa y Segorbe-Castellón. Los miembros de la organización captaban a ciudadanos españoles dispuestos a casarse con otros de nacionalidad nigeriana, en situación irregular en nuestro país, a cambio de una compensación económica que oscilaba entre los 2.500 y 3.000 euros. El cabecilla del grupo se encargaba de conseguir la documentación necesaria para formalizar los enlaces.
Los inmigrantes pagaban unos 10.000 euros por la gestión de esos matrimonios que les permitirían obtener su residencia legal en España. La red se quedaba con unos 7.000 euros y el resto era para el contrayente español que recibía por adelantado 500 euros. Los ciudadanos españoles interesados eran acompañados por miembros de la organización en los trámites necesarios para conseguir la documentación, tanto en el Registro Civil como en las distintas parroquias donde debían expedirles las partidas de bautismo.
El cabecilla de la organización era también el encargado de falsificar todos aquellos documentos que no fueran obtenidos por los contrayentes españoles o por los ciudadanos nigerianos, llegando a falsificar partidas de bautismo o documentos de identificación, algunos de ellos con filiaciones obtenidas de documentos perdidos o sustraídos.
La organización localizaba también las iglesias en las que el control de la documentación exigida para casarse fuera menor y, una vez seleccionadas, acompañaba a los contrayentes españoles a su primera entrevista con el párroco. Justo antes de ese primer encuentro, la pareja mantenía un breve encuentro para acordar sus respuestas. Los supuestos novios solicitaban al párroco la fecha más próxima posible para la celebración del matrimonio. El propio cabecilla de la red y otro miembro de la organización, de nacionalidad española, asistían como testigos del enlace e, incluso, otras personas hacían las veces de amigos o invitados.
