El tráfico de seres humanos para extraer y vender sus órganos no es un mito. Uno de cada 10 riñones que se trasplantan en el mundo proceden del tráfico ilegal, según un informe de la ONU, que sitúa a España como modelo de donaciones altruistas, además de líder mundial (34 donaciones por millón de habitantes). No obstante, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dará un paso más allá y en la reforma del Código Penal introducirá estas prácticas como delito con penas de hasta 12 años de cárcel, tanto para quienes las promuevan como para los receptores de órganos que sepan de su procedencia ilícita.
Las posibles complicaciones tras la intervención quirúrgica, ya en España, delatarán a los receptores ilegales. Hasta ahora el Cógido Penal se limitaba a tipificar la extracción de órganos ilegal como un delito de lesiones. Pero nunca se ha aplicado la máxima pena de dos años de cárcel, ni ninguna otra.
Según Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), aunque esta actividad no es significativa en nuestro país, España se pone a la cabeza de los 55 países que luchan contra este crimen en alza, "de bajo riesgo y muy lucrativo".
En muchas ocasiones toma la forma de lo que se conoce como turismo de trasplante o turismo de órganos. Los receptores --habitualmente procedentes de países ricos-- viajan a países pobres donde no existen o no se aplican las medidas para prevenir el crimen o proteger la vida de los donantes.
El precio de un paquete --viaje más trasplante-- para hacerse con un riñon nuevo oscila entre 50.000 y 100.000 euros. Filipinas y Pakistán son las mecas de esta práctica. Estos "servicios" pueden concertarse fácilmente a través de Internet. De momento, solo se han detectado en la red anuncios españoles que ofrecían riñones a cambio de entre 15.000 y 100.000 euros en Madrid, Castellón, Málaga y Sevilla.
