La nueva regulación de los drones que reclama el sector desde hace años está a punto de hacerse realidad. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció ayer en el Congreso que antes de final de año se aprobará un decreto que permitirá el vuelo de estos aparatos en las zonas urbanas y en las aglomeraciones, y los vuelos nocturnos, algo que ahora está prohibido y que limita el despegue de esta tecnología en España.
El decreto, que estudia el Consejo de Estado tras superar el trámite de dos audiencias públicas, permitirá también operar drones fuera del alcance visual del piloto, otra de las limitaciones a que está actualmente sometido su uso. El ministro detalló que la nueva normativa establecerá una clasificación de las aeronaves, los requisitos de certificación, las limitaciones para su uso en aquellos casos que no se requiera certificación y las condiciones para poder usar el espacio aéreo.
PELIGROS A EVITAR / El ministro aseguró que todo ello se hará con las máximas «garantías de seguridad». Habrá que ver cómo se han resuelto en el texto los riesgos de accidentes, la posible intromisión en recintos privados y la amenaza de uso por parte de terroristas, tres de los principales riesgos de la nueva tecnología, que también están en fase de análisis por parte de la Unión Europea (UE). La interferencia de drones con los aviones en las proximidades de los aeropuertos es también una amenaza que preocupa al sector aeronáutico.
De la Serna anunció también la aprobación, en el primer trimestre del 2018, de un plan estratégico para el desarrollo del sector. Ahora, hay en España más de 2.400 operadores de drones, con 3.000 aeronaves y 2.541 pilotos.
La prohibición de sobrevolar aglomeraciones impide que se pueda filmar manifestaciones, fiestas o eventos deportivos, mientras que el veto de los vuelos nocturnos limita mucho su uso por parte de las compañías de seguridad. Al no poder sobrevolar cascos urbanos tampoco se han podido poner en marcha repartos a domicilio de comida o paquetería, como los que ya funcionan en países como Australia.
En julio del 2014, el Gobierno, alarmado por la proliferación de drones, salió al paso del vacío normativo con un decreto que lo prohibía casi todo. Vuelos en cascos urbanos, en eventos, en aglomeraciones, de noche, cerca de los aeropuertos, todo quedó fuera de la normativa.
La teoría era que después de ese frenazo en seco vendría la regulación definitiva. Sin embargo, transcurridos tres años de su publicación, el decreto sigue vigente. El resultado ha sido el estrangulamiento de la tecnología y la pérdida de competitividad respecto a otros países, mientras proliferan pilotos y aparatos que operan al margen de la ley.
