Esta vez es muy posible que lo logren. Los rectores de las universidades españolas llevan años reclamando que se revierta la reforma de las becas implantada en el 2012 por el exministro de Educación José Ignacio Wert que subió del 5 al 5,5 la nota mínima para obtener la ayuda. De las conversaciones con el equipo de su sucesor, Íñigo Méndez de Vigo, han sacado la conclusión de que se lo está planteando seriamente. Así lo indicaron fuentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) recabadas en la cumbre de responsables universitarios Universia 2018 que se celebra ayer y hoy en Salamanca.
En las próximas semanas, Educación mandará a la CRUE el borrador de decreto que regula la concesión de becas del curso 2018-2019. Lo que tienen claro los rectores es que si se mantiene el corte en el 5,5, su informe será negativo. «Nos plantaremos», advirtió el presidente de la CRUE y rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández.
El informe negativo no sería ninguna novedad, porque el año pasado ya mostraron su rechazo sin que Méndez rectificara. El pronunciamiento de la CRUE es preceptivo pero no vinculante. La diferencia este año radica en el eco que su demanda está encontrando en las conversaciones mantenidas con el ministerio. «Tenemos buenas sensaciones, estamos esperanzados, creemos que se puede volver a la situación anterior», declaró el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas.
CONTRA LA BRECHA SOCIAL / En su opinión, «no se debe confundir lo que son unas becas dirigidas a que no haya una brecha social con otra cosa». «Desde el momento en el que uno cumple con los requisitos para tener acceso a la universidad no debería haber diferencias por razones econónicas», añadió.
La conferencia de rectores calculó que el sistema implantado estaba dejando fuera a 70.000 alumnos anualmente, que cumplían las condiciones económicas pero no llegaban al 5,5 de nota media. Implantada en el curso 2012-2013, la reforma de Wert habría impedido hasta hoy el acceso de unos 350.000 estudiantes a las becas.
En una perspectiva más a medio plazo, los rectores esperan también que los partidos políticos sean sensibles a su petición de reforma de la ley de universidades formulada a finales del año pasado en la CRUE celebrada en València y a la que están sumando los apoyos de los agentes sociales. El presidente de la CRUE explicó ayer que están ya muy avanzadas las conversaciones con patronales y sindicatos para acordar una declaración solicitando a las formaciones parlamentarias que alcancen un pacto de Estado para dotar a las universidades de una «legislación propia del siglo XXI».
En la declaración conjunta no figurará ninguna sugerencia concreta de las modificaciones a introducir. «Es responsabilidad de los partidos acordar los contenidos de la reforma. Si se crea la comisión parlamentaria nosotros iremos a dar nuestra opinión, pero será nuestra opinión», advirtió Roberto Fernández. Los temas en los que los creen que es más urgente la reforma son el aumento de su autonomía, la gestión del personal y el refuerzo de la financiación, aunque este último punto podría formar parte de una ley específica.
El fracaso del pacto de Estado de Educación, que a los pocos meses de iniciarse las conversaciones naufragó en el Congreso, no desanima a los rectores. Están convencidos de que la necesidad de actualizar una legislación cuyas bases son las mismas desde hace casi 40 años se impondrá por si misma. Tampoco creen que pueda utilizarse como precedente la propuesta de reforma emprendida por Wert, que quedó en nada, porque había sido emprendida, «desde arriba», sin contar para nada con los sectores implicados.
LA SOMBRA DE CIFUENTES / Los rectores desvinculan completamente el terremoto causado por el escándalo del máster de Cristina Cifuentes de su propuesta de reforma legislativa. Esta se «lanzó mucho antes, el calendario no engaña», aseguró ayer Roberto Fernández, para quien son de una «gran inmadurez» y «falta de rigor» las acusaciones que «algunos medios de comunicación y algunos políticos» han lanzado contra la universidad a raíz del caso de la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid.
«De 200.000 empleados que tienen las universidades hay unos pocos, ni siquiera sé cuantos, imputados en procesos judiciales. No podemos poner un vigilante detrás de cada funcionario», se defendió el rector de rectores, consciente de que el caso marca una parte de los comentarios entorno al Cuarto Encuentro Internacional de Rectores Universia 2018.
El encuentro, al que asisten más de 600 rectores y responsables universitarios de hasta 26 países de Latinoamérica, se desarrolla bajo el lema ‘Universidad, Sociedad y Futuro’.
