Extremadura alzó la voz ayer para reivindicar respeto y tolerancia. Para condenar que la libertad sexual, que existe en España y que "es un pilar fundamental de la democracia", no es una realidad en todo el mundo. Para denunciar que más de 70 países consideran la homosexualidad y la transexualidad un delito. Para reprochar que homosexuales y transexuales se vean entre rejas e incluso paguen con la muerte manifestar su condición sexual.

Fueron algunos de los mensajes que se escucharon ayer en la Asamblea de Extremadura, para recordar a las instituciones europeas que estas situaciones que perviven en muchos estados son abusos que deben condenar. Una de las voces que ayer, en el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, abogó por la libertad fue la del presidente del Parlamento regional. Juan Ramón Ferreira leyó una declaración institucional en el Salón de Pasos Perdidos bajo la atenta mirada de los estudiantes del IES Extremadura de Mérida y representantes del movimiento extremeño a favor de los derechos de la comunidad gay, lésbica, bisexual y transexual, que participaron en el acto. También lo hicieron dos activistas hondureños, Jonathan Ponce y Ricardo Figueroa, que contaron cómo se vieron obligados a abandonar su país para evitar la muerte, como no han podido hacerlo otros activistas gays contrarios al golpe de Estado contra Manuel Zelaya.

El mensaje de Ferreira, que aprobaron los dos grupos de la Cámara, recordó los 15 años de andadura del movimiento asociativo extremeño y destacó los "significativos avances" experimentados en estados democráticos en el reconocimiento de los derechos del colectivo homosexual y transexual. Un reconocimiento que aún "no ha supuesto la aceptación y normalización de las distintas orientaciones e identidades sexuales", que "continúan siendo motivo de rechazo para algunas personas".

Y como ejemplo de esa tolerancia y respeto que ayer se pidió desde la Asamblea, los diputados extremeños recordaron que el nuevo Estatuto de Autonomía incluye una disposición respaldada por todos los grupos que insta a los poderes públicos a que se impliquen en la lucha contra la discriminación por identidad u orientación sexual.

Según la declaración institucional, la base para "erradicar estas mentalidades intolerantes" es la educación, por lo que la Asamblea se compromete a colaborar con la comunidad educativa para trasladar a los más jóvenes los valores, principios y derechos humanos, "porque ellos representan la democracia del futuro", añadió Ferreira.

Por su parte, el presidente de la Fundación Triángulo, José María Núñez, destacó el "vertiginoso cambio" experimentado por la sociedad española en los últimos años; al tiempo que apostó, al igual que Ferreira, por la educación y la cooperación internacional al desarrollo como trabajo de futuro. Así, dijo que es necesario que tanto la Ley de Educación, como la de cooperación se impliquen contra la vulneración de los derechos de homosexuales y transexuales en el mundo. El profesor Marcelo Soto, la cooperante Silvia Tostado y el alumno de la Uex David Santos se pronunciaron en los mismos términos.