En enero del 2011 estalló la revolución en Egipto contra el régimen del presidente Hosni Mubarak, que había gobernado el país con mano de hierro durante tres décadas. Un alud de manifestantes tomó la plaza de Tahrir de El Cairo y las calles de otras ciudades egipcias y derrocó al dictador. La revolución parecía haber triunfado.

Pero seis años después, Egipto está aprisionado por una nueva y férrea dictadura. Bajo la batuta del general Abdelfatá al Sisi, hay una fuerte represión contra cualquier voz discordante, terribles violaciones de los derechos humanos, la economía se ha hundido, la cuarta parte de los egipcios vive bajo el umbral de la pobreza y el país sufre la violencia de grupos yihadistas vinculados al Estado Islámico (EI).

Los cristianos coptos, que representan el 10% de la población egipcia, se han convertido en objetivo yihadista. Los últimos ataques se produjeron el 9 de abril. Dos suicidas se inmolaron en dos iglesias llenas de fieles coptos en Tanta y Alejandría, mataron a 45 personas e hirieron a un centenar.

La violencia yihadista en Egipto tiene su epicentro en la península del Sinaí. El grupo armado Wilayat Sinai (Provincia del Sinaí), que declaró su adhesión a los yihadistas del EI, ha reivindicado muchos de los ataques cometidos en Egipto.

Sisi asegura que los Hermanos Musulmanes están vinculados a los yihadistas, acusación que ellos niegan. El Gobierno egipcio ha ejercido una dura represión contra la Hermandad, de la que surgió Mursi. El grupo fue ilegalizado y sus líderes y centenares de seguidores encarcelados y condenados a muerte o a cadena perpetua en procesos judiciales que no reúnen los requisitos internacionales y que pueden durar años.

«Los opositores y los que critican al gobierno sufren arrestos arbitrarios y se les acusa de incitación a las protestas, terrorismo, pertenencia a grupos prohibidos como los Hermanos Musulmanes o el Movimiento Juvenil 6 de Abril. Entre los detenidos hay muchos defensores de los derechos humanos», denuncia Amnistía Internacional. Se han registrado múltiples desapariciones forzosas de arrestados por la policía y torturas en interrogatorios.

Las fuerzas egipcias han efectuado operaciones contra grupos armados en el Sinaí. Una parte de esta península está en estado de emergencia, medida que ahora rige en todo Egipto y estará vigente hasta julio. Esta ley, que imperó en la etapa de Mubarak, otorga a Sisi poderes extraordinarios para imponer censura, decretar toque de queda, investigar comunicaciones y crear tribunales especiales.

En aras de la lucha contra el terrorismo y para tapar los fallos policiales en casos como los ataques de Tanta y Alejandría, se teme que la represión sea aún mayor. «Las autoridades egipcias han restringido duramente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en la ley y en la práctica. Periodistas, activistas y otros se han enfrentado a arrestos, persecución y encarcelamiento», alerta AI.

Violencia en el Sinaí

«El EI está aumentando los ataques contra los cristianos. Está claro que tiene apoyo de algunas familias y tribus en el norte del Sinaí y que se está produciendo una radicalización entre los presos políticos en las cárceles a través de los yihadistas», comenta el analista Mohamed Soliman.

La inestabilidad del país ha hundido su frágil economía. El turismo, una importante fuente de ingresos, empezó a decaer con el inicio de la Revolución y luego se recuperó ligeramente. Pero ataques como el que en el 2015 mató a 224 pasajeros de un avión ruso en el Sinaí lo situaron en niveles muy bajos. Los mismos factores han reducido la inversión extranjera.

«Económicamente, Egipto ha perdido dos fuentes principales de ingresos: el turismo y las transacciones egipcias en el extranjero y se enfrenta a una estanflación (inflación y recesión) y a crecientes préstamos extranjeros y locales. Estos factores suponen para Egipto un serio revés», dice Soliman.