El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) reafirmaron ayer sus posturas enfrentadas sobre el futuro de la asignatura de Religión, durante el primer encuentro de la comisión mixta Iglesia-Estado presidida por la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, y el vicepresidente de la CEE, Antonio Cañizares. Ambas partes acordaron posponer la discusión de los aspectos más polémicos a próximas reuniones, la primera en julio, antes de que esta materia quede regulada en la ley orgánica de educación (LOE).

El encuentro de más de dos horas, fue calificado de "cordial y exploratorio" por la ministra del ramo y de "cordial y de respeto" por el representante episcopal, pese a celebrarse cuatro días después de que una veintena de prelados, encabezados por el cardenal Antonio María Rouco, se manifestasen por las calles de Madrid contra una de las reformas del Ejecutivo, la que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

San Segundo se limitó a recordar que el ministerio mantiene su postura de que la clase de Religión sea "de oferta obligatoria para los centros y opción voluntaria para las familias".

La ministra eludió concretar si esta materia tendrá un caracter evaluable, aunque no sea tenida en cuenta a la hora de solicitar una beca o de hacer promedio con el resto de calificaciones, o si se impartirá fuera del horario lectivo, sin alternativa y sólo a quien lo solicite, como ha pedido del PSOE. "La LOE tratará de hacer compatible el derecho de los padres que deseen una formación religiosa para sus hijos y de aquellos que no lo deseen. Ahora estamos ante una regulación mínima. El desarrollo vendrá más tarde. Se concretará a partir del 2006", anunció.

PROFESORES Sin embargo, Antonio Cañizares, dejó muy claro que la CEE, que actúa en estas reuniones por delegación del Vaticano, luchará porque la asignatura de Religión tenga el mismo rango "académico y didáctico" que el resto de materias.

Sobre la mesa estuvo también presente la situación laboral en la que se encuentran los profesores de esta materia, regulada por los acuerdos Estado-Vaticano de 1979. San Segundo aseguró que los contratos de estos docentes, aunque necesitan la "venia" de la confesión correspondiente, "deberán estar sujetos a la legislación laboral" y "respetar los derechos constitucionales". "Hay que mejorar su régimen jurídico y aspectos laborales que necesitan ser explicitados", admitió Cañizares.