Hay una serie de debates, siempre presentes en una sociedad, que se reactivan por la aparición de un caso puntual. Es lo que pasa con la situación de la granadina Inmaculada Echevarría, que ha pedido que se ponga fin a su vida. Como en su día ocurrió con el tetrapléjico gallego Ramón Sampedro, el caso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la eutanasia y sus límites. EL PERIODICO ha pedido a varios expertos del Comité de Bioética de Cataluña su opinión sobre la petición de la granadina.

Inmaculada Echevarría, de 51 años, sufre desde hace 30 una distrofia muscular. Ingresada desde hace nueve años en un hospital, carece de movilidad, excepto, por ahora, en los dedos de los pies y manos y algunos músculos faciales. Su situación es irreversible. Respira gracias a un ventilador conectado a la garganta. Su petición es doble: que le retiren la respiración asistida, lo que le causaría la muerte de manera lenta y agónica, y que le pongan una inyección en el corazón, para evitar el sufrimiento.

Un doble debate

En el caso de la inyección, hay unanimidad. Detractores y defensores de la despenalización de la eutanasia afirman que es una práctica que está fuera de ley. Victoria Camps, catedrática de Etica y presidenta del comité de bioética, apunta que la administración de una medicación que cause la muerte es aún peor que "el suicidio asistido, es decir, sumistrar a alguien lo que precisa para morir".

La retirada de la ventilación sí es objeto de debate. María Casado, doctora en Derecho y directora del Observatorio de Bioética y Derecho, niega que se trate de eutanasia, puesto que la paciente lo que hace es "rechazar un tratamiento". Agrega que, al no hacer caso de lo que pide, se va "en contra de su voluntad", por lo que podría decirse que está "siendo objeto de tratos inhumanos y degradantes" o de "encarnizamiento terapéutico".

La catedrática de Filosofía Moral y Política Margarita Boladeras incide en el respeto a la voluntad de las personas. "No hay respeto a la dignidad de un ser humano si no se respeta su autonomía".

En su opinión, la ley de sanidad de 1986 consagra el derecho a un paciente a rechazar un tratamiento. También aboga por la limitación del esfuerzo terapéutico: "La buena práctica médica es aquella que no aplica terapias que no proporcionan mejora alguna al paciente", algo que en el caso de Echevarría significa que hay razones de praxis médica para retirarle la respiración.

La catedrática reduce el debate a dos facciones. Entre los que ponen "la vida física por encima de cualquier otra consideración" y los que "desde el respeto a la vida piden también que se respete la autonomía de los pacientes". Atribuye a los primeros una raíz "religiosa", con la que cabe identificar a una minoría "radicalizada e integrista".

El presidente de la Asociación Catalana de Estudios Bioéticos, Joan Vidal-Bota, discrepa, pero sin "buscar ninguna explicación ligada a la religión", sino apelando "a la razón". Empieza con la definición de eutanasia: "Dar muerte a un enfermo intencionadamente por acción u omisión para evitarle el sufrimiento".

La desconexión de la ventilación entraría, por tanto, en el capítulo de omisión. "No basta con decir que simplemente se retira un tratamiento, ya que no es una terapia cualquiera, sino que le permite seguir viviendo".

El experto ofrece otro punto de vista, el del médico: "La autonomía del paciente no puede anular la del doctor, y este no puede convertirse en un autómata que obedezca ciegamente al paciente".

Para Vidal-Bota, la eutanasia "ignora el compromiso de ayudar al enfermo, algo que engloba el curarlo, pero también el aliviarlo y consolarlo". Es dejar al enfermo "en manos de su estado de ánimo o de la voluntad de su familia". Y sentencia: "La eutanasia manipula al médico, destruye al paciente y no le soluciona sus problemas".