La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha dicho hoy que la tendencia al alza de la población reclusa "se está acelerando considerablemente" -hay 23.000 presos más que en 2000- y que se hace preciso pensar en una ampliación del plan de construcción de centros penitenciarios. En su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso, Gallizo ha asegurado que en los nueve primeros meses de este año la población reclusa se ha incrementado un 7,2 por ciento, con 4.514 internos más, lo que supone un aumento superior al registrado en todo 2007.

La responsable de Prisiones ha concretado con datos y porcentajes esta "tendencia al alza": de 2000 a 2008, el número de personas en régimen de privación de libertad ha pasado de 39.013 a 62.239, es decir, 23.226 más, lo que significa un incremento de más del 60 por ciento en ocho años. Estas cifras hacen pensar a Gallizo que el "esfuerzo" que hace el Gobierno puede "no ser suficiente" para absorber el impacto de las modificaciones legislativas que se están desarrollando, y que si sigue esta tendencia se tendrá que acometer una ampliación del plan de creación de centros penitenciarios 2005-2012, para incrementar tanto las celdas del régimen ordinario como las del abierto.

Una parte de ese plan ya se ha realizado -se han construido cuatro prisiones, entre otras infraestructuras-, y continuará durante esta legislatura, en la que se prevé que se edifiquen once centros en Andalucía, Menorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Soria, Ceuta, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, Álava y San Sebastián, lo que supondrá un total de 8.966 nuevas celdas. En la actualidad en España hay setenta prisiones, quince Centros de Inserción Social (CIS), diez establecimientos para internos en régimen abierto y 46 Unidades de Custodia Hospitalaria, que suman entre todos 46.040 celdas.

Ante este panorama, Gallizo ha considerado necesario reflexionar sobre si es razonable recurrir a la prisión, especialmente en el caso de las penas de corta duración y para las personas que han cometido un único delito; actualmente hay 10.200 internos que cumplen penas inferiores a los tres años. Gallizo ha recalcado que la tecnología facilita instrumentos de restricción de la libertad sin necesidad de internamiento y ha incidido en que los sistemas penitenciarios europeos están apostando por las penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

Para trabajar en este sentido, tendrían que implicarse las distintas administraciones para que haya una mayor oferta de plazas. Pero el sistema penitenciario crece tanto en penas de prisión, como en sus alternativas porque en los últimos años, de manera simultánea al incremento de los presos, también se ha producido un "espectacular" incremento de las personas condenadas a medidas alternativas, producto de los cambio legales, y así se ha pasado de 812 personas condenadas en 2000 a 39.335 en la actualidad.

Un 43,5 por ciento de la población penada lo está a medidas alternativas, una proporción que sigue siendo no obstante baja en comparación con otros países europeos. Gallizo ha llamado la atención sobre el alto número de presos con enfermedades mentales - "las prisiones se han convertido en nuevos asilos para trastornados mentales", ha dicho- y ha considerado que si los "manicomios no eran la solución, menos aún lo son" las cárceles.

Carmen Navarro, del PP; ha hecho hincapié en la situación de "hacinamiento" que se da en las cárceles, con una tasa de reclusos del 170 por ciento e incluso del 300 por cien en algunos centros, lo que redunda en un elevado nivel de conflictividad. Críticas que ha rechazado Gallizo que ha dicho que los reclusos cumplen prisión en unas "condiciones dignísimas" y que el índice de conflictividad es bajo.

Desde CiU también se ha pedido que frene el crecimiento de los presos, no sólo por ser un problema que, en su opinión, refleja un aumento de la delincuencia, sino porque "hacer más y más cárceles es muy costoso para el contribuyente". Gallizo le ha replicado que no se debe a un problema de inseguridad ya que las cifras de criminalidad se sitúan por debajo de la media de la UE, sino por el efecto "retardado" de las reformas del Código Penal y la duración de las penas es mayor.