España repatrió en 2017 a más de 9.000 personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Solo en ese año se arrestaron a 18.794 por su estancia irregular, de las cuales 8.814 fueron internadas en los CIE. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció ayer en su informe Sufrimiento inútil el estado de estas instalaciones donde se ignoran principios elementales de gestión humanitaria. La oenegé también alerta que en el CIE de Zona Franca barcelonesa mucha personas desconocen su situación jurídica por la barrera del idioma.

El informe anual realizado por JSM afirma que más de 28.000 personas entraron de manera irregular en territorio español, una cifra notablemente superior a los 15.558 de 2016. Según el informe, 21.971 personas entraron por vía marítima y 2.062 entraron por vía terrestre en Ceuta y 4.231 en Melilla. Los servicios de Salvamento Marítimo rescataron a 18.937 personas en 1.211 embarcaciones pero también se constató de la muerte o desaparición de 153 extranjeros.

SITUACIÓN ALARMANTE // Servicio Jesuita a Migrantes realizó hasta siete visitas a 208 personas en el CIE de Zona Franca de Barcelona, donde encontraron a 44 internos que afirmaban ser menores. De los problemas más graves, la oenegé alerta de que 120 estaban privados de comunicación por la barrera del idioma, dificultad que les impedía ser conscientes de su situación jurídica; 22 tenían algún tipo de enfermedad o dolencia física, 9 sufrían de trastorno o enfermedad mental y 17 temían ser maltratados en el país de origen. De los 208 entrevistados, 23 denunciaron un trato intimidatorio o maltrato verbal por parte de la policía, mientras que nueve habían sufrido agresión física y cuatro se quejaban de trato racista. 94 de las detenciones se produjeron al desembarcar de una patera, 43 por controles en la vía pública (calle, metro o bus) y 14 por otras causas, es decir, arrestados por ocupar una propiedad privada, en una oficina pública a la que habían acudido para renovar documentación o saliendo del juzgado o de su domicilio. Un total de 8.418 varones y 396 mujeres fueron internados en los CIE, 1.217 más que en 2016, y se identificaron en total a 48 menores. Los internos argelinos son los más numerosos con 2.775 personas (31,48%), seguidos de los marroquíes con 1.608 (18,24%) y de los marfileños con 1.215 (13,78%). El Defensor del Pueblo realizó visitas a los diversos centros ubicados en España y concluyó que centros como Barranco Seco en Las Palmas necesitaba profundas reformas o la clausura del centro en Algeciras. «Los CIE han actuado como espacios de desprotección y contención de las migraciones, para garantizar la rápida repatriación con las menores garantías», explicó Carmen de la Fuente, vicepresidenta de SJM. Desde la oenegé se ha alertado sobre la «opacidad y la impunidad policial con la que se actúa» en las instalaciones. La entidad denuncia la legislación autoritaria y represiva que sigue el modelo policial en los centros y que existen un gran numero de casos de internamiento basados en «decisiones discrecionales y arbitrarias». Servicio Jesuita a Migrantes exige el cierre de estos centros después de confirmar, en varias visitas, que se olvidan de que las personas internadas únicamente están privadas del derecho a la libertad ambulatoria y recuerdan que una buena parte de los migrantes buscan escapar de la pobreza o de los conflictos bélicos.