La Comisión Europea dio ayer un ultimátum de dos meses al Gobierno español para que incorpore a su legislación las disposiciones de la directiva comunitaria sobre la lucha contra los accidentes industriales graves con sustancias peligrosas, que deberían estar en vigor en España desde el 3 de febrero de 1999. El Gobierno español ni siquiera respondió a la primera advertencia formal escrita del Ejecutivo de los Quince, enviada el 3 de abril del año pasado, según criticaron ayer fuentes oficiales comunitarias.
Las medidas legislativas notificadas por España no cumplen los requisitos mínimos de protección de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente establecidos.
