Asituaciones excepcionales, medidas de excepción. El Gobierno acordó ayer el despliegue de patrullas marítimas y aéreas del Ejército, la contratación de un satélite espía y el inicio de una ofensiva diplomática para afrontar la última oleada de cayucos que han llevado a las Canarias a un millar de subsaharianos en menos de tres días.
El plan se fraguó en una reunión interministerial convocada de urgencia en la Moncloa por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la que participaron los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el de Trabaja y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, así como altos cargos de Defensa y Asuntos Exteriores.
El gabinete de crisis aprobó que, por vez primera, embarcaciones de la Armada patrullen en las aguas territoriales de Canarias en labores de vigilancia que hasta ahora ha desempeñado en solitario la Guardia Civil. Defensa definirá en los próximos días las características del despliegue, según Fernández de la Vega, que solo precisó que los militares ejercerán funciones de "información y disuasión", e incluso de "rescate" de inmigrantes, si es necesario. La medida había sido reivindicada desde hace años por el Gobierno canario, pero nunca había sido atendida por el Ejecutivo central.
DOS AVIONES ORION La participación del Ejército se completará con el envío a las costas mauritanas de dos aviones de reconocimiento Orion P3 y con la contratación de un satélite militar espía cuya función será conocer en tiempo real los movimientos de las mafias de inmigrantes y las embarcaciones desde los países de origen, tanto en las costas como en el interior del Africa subsahariana.
La Guardia Civil también aumentará su presencia con nuevas embarcaciones --ayer partió de Marín (Pontevedra) la patrullera Río Duero-- y pondrá en marcha esta misma semana las patrullas conjuntas acordadas el pasado marzo con Mauritania con motivo de la primera crisis de los cayucos.
La situación es ahora más compleja, porque los inmigrantes parten también de Senegal y de otros países situados aún más al sur, lo que hace más difícil su control. El Gobierno sospecha que se están utilizando barcos nodriza para acercarlos a Canarias, pero las fuerzas de seguridad españolas no han podido constatarlo. "Con más información y una mayor vigilancia sobre el terreno podremos actuar con mayor rapidez para solucionar el problema en origen", argumentó la vicepresidenta.
La ofensiva de Exteriores consiste en el envío inmediato de diez diplomáticos a los países de origen con la misión de "llevar a cabo un trabajo sistemático". También se abrirá una embajada en Mali y el Consejo de Ministros aprobará el viernes el denominado plan Africa de cooperación.
El Gobierno también cuenta con reanudar esta semana las devoluciones a Mauritania --se han efectuado ya unas 200-- y las repatriaciones a algunos países como Níger, Guinea-Bissau, Senegal y Ghana. Y en las próximas semanas podrían firmarse incluso convenios de repatriación con estos dos últimos países, además de Mali, Cabo Verde y Camerún. "El que entra irregularmente en España, antes o después va a salir", advirtió De la Vega.
MAS APOYO Al Ejecutivo canario, que en los últimos días ha acusado a Madrid de bajar la guardia, De la Vega le comunicó ayer mismo la puesta en marcha del nuevo plan, que incluye la aportación de nuevos fondos para la acogida de los inmigrantes a pie de playa y en los pasos posteriores. Los centros de recepción de irregulares están desbordados por la incesante llegada de pateras, especialmente en Tenerife y Gran Canaria. "He llamado al presidente Adán Martín y sé que es consciente de las dificultades con las que nos encontramos", explicó.
