Las primeras denuncias sobre bebés robados en España llegaron al Parlamento Europeo hace un lustro. Aunque las competencias son limitadas, no han pasado desapercibidas y los eurodiputados de la Comisión de Peticiones acaban de aprobar un informe en el que instan al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar medidas para crear una fiscalía especializada y un banco público de ADN que facilite la identificación de posibles víctimas.
«Es un paso importante para dar respuesta a los afectados por el escándalo», valora la ponente del informe, Jude Kirton-Darling, sobre lo ocurrido antes, durante y después de Franco. Esta socialista británica lideró la misión de inspección a Madrid durante la cual se reunieron con representantes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo, la Comisión de Justicia del Congreso, la Conferencia Episcopal y con doctores, expertos, periodistas y los peticionarios.
El informe, aprobado con 20 votos a favor y 9 en contra, es el resultado de la visita. Un documento que, pese a los intentos del PPE por suavizarlo, incluye una quincena de recomendaciones en las que se insta al Gobierno a «tomar la iniciativa e investigar».
