Un destacado colectivo de expertos en economía de la salud y profesionales sanitarios han propuesto en un informe que el Gobierno suprima la actual gratuidad general de los medicamentos para todos los pensionistas que, sea cual sea su renta, no pagan ningún precio por sus fármacos. El estudio, presentado ayer, plantea en cambio que las personas en paro o con escasos recursos económicos, que ahora abonan un 40% del coste de los medicamentos, paguen muy poco, o nada, por las recetas expedidas en el sistema sanitario público. Entre éstos últimos se incluirían los pensionistas pobres.

La propuesta figura en el Barómetro para el diagnóstico del sistema sanitario español, que han elaborado investigadores de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a partir de la encuesta que respondieron 99 especialistas en sanidad y economía de la salud. Este colectivo fue seleccionados por su notoria influencia en los ámbitos de la política sanitaria española.

SISTEMA NO EQUITATIVO El informe, que ha financiado la Fundación BBVA, plantea excluir de la financiación pública los fármacos, casi siempre nuevos y caros, que no han aportado mejoras significativas a la terapéutica que reciben los usuarios.

"El actual sistema de copago de fármacos no es equitativo --afirmó el economista Vicente Ortún, de la UPF--. ¿Es equitativo que un pensionista millonario no pague por sus fármacos y sí lo haga una mujer en paro y con tres hijos? ¿Es coherente financiar tratamientos ineficaces y no cubrir terapias de carácter vital?". "Despilfarrar el dinero público --añadió-- sólo tiene un problema: mata personas".

DENTISTAS Y SALUD MENTAL El estudio, que ha dirigido Guillem López Casasnovas, catedrático de Economia de la UPF y consejero del Banco de España, también defiende que la sanidad pública deje de costear la fecundación artificial y las operaciones de cambio de sexo (que financia la Junta de Andalucía). "Tener hijos con tecnología artificial no es una necesidad social, como sí lo es el acceso a nuevas sustancias contra el cáncer", añadió Ortún.

A cambio, proponen que se financien los tratamientos odontológicos, los servicios que requieran las personas dependientes y los tratamientos de salud mental. También defienden cubrir con fondos públicos las operaciones oftalmológicas y las lentes.

Los expertos destacan el "bajo fundamento científico" en que se apoyan las políticas sanitarias en España, que consideran fruto de excesivas interferencias políticas. Los encuestados, procedentes de toda España, creen "una mejora" la descentralización que supuso la transferencia sanitaria a las comunidades.

"La nueva situación ha dejado de percibirse como una amenaza para la cohesión social y ahora se ve como una oportunidad de crecimiento --apuntó López Casasnovas--. La auténtica amenaza para el sistema no está en que las comunidades ofrezcan prestaciones distintas, sino en las diferencias al aplicarlas".

Los expertos opinan de forma unánime que la Mutua de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface) debe ser suprimida o rediseñada. "Hay que refundarla o eliminarla: su acción actual es inaceptable", afirmó López Casasnovas. Los funcionarios deciden cada 31 de diciembre si el año siguiente acudirán a la sanidad pública o a la privada. Un 83% optan por ésta última.