Andalucía, Aragón, Castilla y León y País Vasco sacan una puntuación de "notable" en la implantación de la Ley de la Dependencia, mientras que Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia "suspenden", según el II Dictamen del Observatorio de Dependencia.
Este informe, que ha analizado diez indicadores objetivos en cada una de las 700.000 solicitudes presentadas en 2008, ha sido realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, una organización en la que se integran alrededor de mil profesionales que trabajan de este campo, presidida por José Manuel Ramírez, profesor de la Universidad de Málaga.
En una situación intermedia, con "aprobado", se encuentran Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Esta es la principal conclusión que se deduce del informe que se debatirá en las jornadas La Ayuda a Domicilio y la Ley de la Dependencia , que se desarrollarán en Zaragoza el viernes y el sábado y en las que participarán unos 200 directores y gerentes de Servicios Sociales de España.
La valoración por comunidades autónomas se ha hecho de acuerdo a diversas publicaciones y documentos oficiales, y sobre todo con los trabajos desarrollados por el Observatorio de la Dependencia de la Asociación, en función de criterios recogidos en un cuestionario con diez indicadores objetivos, ha explicado Ramírez, director de un centro de atención a toxicómanos en Málaga. Estos indicadores son, según ha indicado, normativa, apoyo de ayuntamientos, equilibrio entre prestaciones y servicios, solicitudes, dictámenes, prestaciones sin especificar, nuevas leyes autonómicas, integración en los servicios sociales e innovación y buenas prácticas.
COORDINACION Según el estudio, en las cuatro comunidades con "notable" a la hora de implantar el Sistema de Atención a la Dependencia se ha puesto en marcha un modelo en el que las entidades locales tienen un destacado protagonismo, así como una coordinación bien definida ente la comunidad y las entidades locales del territorio.
Asimismo, cumplidos ya dos años desde la aprobación de la Ley, el informe constata la desigualdad entre comunidades autónomas en cuanto a los procedimientos y en la provisión de servicios y prestaciones, a partir del análisis de la información disponible en cuanto a desviaciones, incumplimientos y efectos perversos en la aplicación.
El Observatorio ha valorado el esfuerzo de algunas comunidades por impulsar la descentralización, el refuerzo de servicios sociales y la atención personalizada.
