La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso aprobó ayer con competencia legislativa plena y remitió al Senado el proyecto de ley de mejora de protección de los consumidores que prohíbe los redondeos en aparcamientos y telefonía, facilita las bajas de los servicios, obliga a las compañías aéreas a informar del precio final del billete y permite que el comprador de un piso no tenga que suscribir la misma hipoteca que tenía el vendedor.

De esta forma, se pretende acabar con cláusulas abusivas y los obstáculos que existen a la hora de poner fin a un contrato. La Ley señala que el "el consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró".

Así, cuando un usuario quiera darse de baja de un servicio tendrá "las mismas" condiciones que cuando se dio de alta, "sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o desproporcionadas, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de dinero por servicios no prestados, la ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados".

LA TARIFA DEL PARKING Los aparcamientos deberán, por su parte, cobrar "el precio determinado en función del tiempo real de prestación del servicio", es decir, "el precio se pactará por minuto, sin posibilidad de redondeos a unidades de tiempo no consumidas o utilizadas", según establece el proyecto de ley. Así, se deberá entregar al usuario un justificante con expresión de día, hora y minuto de entrada, y en caso de que el conductor deje las llaves también deberá recoge el resguardo la identificación del vehículo con la matrícula.

De acuerdo a una enmienda transaccional de CiU y el PSOE se ha establecido que las empresas de aparcamiento tengan un periodo de adaptación de cinco meses, salvo las que operen en régimen de concesión administrativa y los aparcamientos dependientes o accesorios de otras instalaciones, que tendrán ocho meses, una vez entre en vigor.

Respecto a la telefonía, la ley quiere dar "mayor claridad" en las modalidades de cálculo del precio de los contratos. De esta forma, en servicios como la telefonía, la ley establece que la factura se compute por segundos.

En relación a las compañías aéreas y similares, obliga a que se informe del "precio completo, incluidos impuestos, o presupuesto, en su caso" y la oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos, actividades y servicios será perseguida y sancionada como fraude.