Ya puede irse a casa. Pero sepa que el coste de la atención que se le ha ofrecido es de 10.000 euros". Algo así podrán escuchar los usuarios del sistema nacional de salud (SNS) a la vuelta del verano. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció ayer en el Congreso de los Diputados que el próximo septiembre tendrá lista una propuesta de lo que definió como "factura sombra", que detallará cuánto ha costado la atención de cada paciente. Con esta fórmula, ensayada en algunos hospitales de Andalucía, el sistema nacional de salud tratará de recordar a los ciudadanos que los servicios sanitarios no son gratis e intenten así hacer un uso racional de servicios como las visitas a urgencias, las pruebas médicas y otras prestaciones.

La titular del departameno de Sanidad anunció que la medida, aprobada durante el último consejo interterritorial, irá acompañada de una campaña con el objetivo de disminuir el gasto sanitario. La ministra aseguró que en ningún caso se trata de un primer paso hacia el pago compartido de servicios entre el ciudadano y la administración, y que el "copago" queda fuera del escenario futuro de propuestas por parte del Gobierno "porque no es la solución".

COSTE APROXIMADO Según el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, se trabaja en la elaboración de una tasación estándar de los servicios con un "coste aproximado" para todo el sistema. Se fijará, por ejemplo, que un TAC cuesta 200 euros; un día en la uci 2.000, o un parto sin complicaciones 1.500 euros.

Jiménez también se comprometió a presentar en octubre la norma para la universalización total de la cobertura del SNS, y en noviembre el proyecto sobre tiempos máximos de espera en todo el territorio español, así como una propuesta de calendario de vacunación único para todo el sistema. También formulará antes del 2011 una propuesta para la implantación real de la historia clínica digital común.

La ministra cuantificó en 4.600 millones de euros el recorte en la factura sanitaria global con las medidas de ahorro adoptadas por el Gobierno y las autonomías. Entre ellas figura el decreto que rebaja un 7,5% el precio de los medicamentos.

Aunque la iniciativa recibió el respaldo de los consejeros de salud el pasado 18 de marzo, ayer fue criticada por la portavoz de CiU, Conxita Tarruella, por su impacto en la industria, y por el diputado popular Mario Mingo, por su repercusión en las farmacias. Al ser el último eslabón de la cadena, los farmacéuticos aseguran que su facturación y beneficios se reducirán un 16% y peligran 7.5000 establecimientos. De hecho, han lanzado una campaña en Cataluña y convocado un cierre en Valencia para el próximo 29.