Los españoles coinciden en la necesidad de habilitar un sistema estatal para asistir a las personas que no se valen por sí mismas, tal y como prevé la Ley de Dependencia. Sin embargo, se produce una clara división en la opinión pública respecto a si el Estado debe hacerse cargo del coste íntegro de esta nueva prestación, o si sólo debe sufragar el gasto para aquellas personas que no tengan recursos suficientes para disfrutar de este servicio. Una encuesta del CIS revela, además, que el 82% de quienes atienden a personas dependientes son familiares, y que las ayudas públicas no pasan del 10% de cobertura.
Según el Barómetro de Mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado ayer, y que dedica buen a parte de su cuestionario a la Ley de Dependencia, sólo un 35% de los encuestados declara haber oído hablar de esta norma, y un 77% de este porcentaje la considera muy o bastante positiva. Para un 61,2% de los encuestados, garantizar la asistencia a los ciudadanos en situación de dependencia es derecho que el Estado debe hacer posible, y para el 34,6 una obligación familiar que el Estado debería ayudar a cumplir.
Existe una división sobre el alcance de la financiación del futuro sistema estatal de dependencia. Así, el 47,9 opina que la Administración debe asumir esos gastos al igual que ocurre con los gastos sanitarios, pero es un 44,6% el que, por el contrario, estima que la Administración sólo debería ayudar a los afectados que no tengan ingresos suficientes. Pensando en cómo deben financiar los servicios, el 56,7% de los españoles cree que lo más justo es que los afectados paguen parte de los servicios.
