Decidido a poner fin a la tensa espera de una orden judicial, Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, decidió ayer ingresar de forma voluntaria en prisión y cumplir la sentencia que le condena a tres años por el atropello mortal de un peatón y su posterior huida sin auxiliarle. Su entorno se apresuró a asegurar que su estancia no supone el fin de su carrera artística, que el retomará cuando al acabar la condena.

Farruquito llegó a las puertas del penal Sevilla II sobre las 17,15 horas, a bordo de un coche de gran cilindrada y escoltado por una decena de amigos y familiares, todos ellos varones, que le rodearon para evitar el asedio de los numerosos medios de comunicación que le esperaban. El artista, que había evitado cualquier salida pública en los últimos días, vestía ropa deportiva y llegó ocultando la seriedad de su rostro con gafas de sol.

APLAUSOS Tras coger dos grandes bolsas de uno de los vehículos, desapareció tras las puertas de prisión entre los aplausos de algunas de las personas que se encontraban en las inmediaciones, actitud que fue recibida con desagrado por sus acompañantes. Diez minutos después, estos salían tras una breve despedida.

Fuentes penitenciarias explicaron que, al igual que el resto de presos, después de ser cacheado y recibir una bolsa con material higiénico, pasaría su primera noche en el módulo de admisión, donde en los próximos días mantendrá sus primeros encuentros con el equipo médico de la prisión, formado también por psicólogos y pedagogos.

Farruquito no ha querido esperar a que el juez dictase la orden de ingreso en prisión, y decidió no retrasar más su ingreso inminente, según se limitó a explicar su abogado Benito Saldaña, quien no quiso indicar si esta decisión paraliza el recurso presentado para la rebaja de las multas impuestas, cifradas en más de 72.000 euros, alegando que el proceso judicial había mermado "considerablemente" sus ingresos y los de su familia.

RECTIFICACION La Audiencia Provincial de Sevilla lo condenó el pasado septiembre a tres años por el atropello de Benjamín Olalla el 30 de septiembre del 2003, al considerar insuficiente la condena a 16 meses impuesta inicialmente por un juzgado penal. La Audiencia falló que cometió delitos de homicidio imprudente, en concurso con un delito contra la seguridad del tráfico, y de omisión del deber de socorro. Se le retiraba el permiso de conducir durante tres años y medio y fijaba indemnizaciones de 102.483,55 euros para la viuda de la víctima y de 8.275,30 para cada uno de sus padres, y dos multas de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros.