Esos conductores que se pegan al de delante para obligarle a acelerar, o aquellos que avanzan a otro con gestos insultantes y que luego frenan para obligar a reducir la velocidad al coche adelantado pueden acabar en la cárcel por su actitud temeraria. El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, va a dar instrucciones a la policía para que persiga estas conductas que ponen en peligro la seguridad vial. Asimismo, el representante del ministerio público animó a los conductores o a aquellos que presencien una conducta de "acoso" a que denuncien al infractor a las autoridades.

Vargas explicó que incluso él ha sufrido situaciones de acoso porque "es uno de los fenómenos de violencia vial más generalizados". Según el fiscal, estas actitudes someten a tal presión a la víctima que pueden hacerle perder el control del vehículo. Por este motivo, cuando la infracción genere un peligro concreto, el conductor puede ser imputado por el delito de conducción temeraria, que está castigado con penas de hasta dos años de prisión.

EL DECOMISO El fiscal explicó además en qué casos se procederá a requisar el vehículo de un infractor a partir del próximo mes de diciembre, cuando entre en vigor la reforma del Código Penal. El fiscal general del Estado todavía tiene que dictar una orden con las instrucciones concretas pero, según Vargas, se "valorará caso por caso" y en ningún caso se "decomisará de forma indiscriminada".

En su opinión solo se procederá a esta medida en los casos más graves, cuando, por ejemplo, el conductor sea reincidente y además haya manipulado el vehículo con el fin de burlar las normas tapando la matrícula o instalando un inhibidor de radar. No obstante, la justicia será sensible a la situación financiera del infractor y, en algunos casos, el decomiso sustituirá a la pena de prisión con el fin de educar a los conductores que utilizan el vehículo como "símbolo de afirmación de poder".

PROPUESTA El ministerio público propone que los coches requisados se vendan y el dinero obtenido sirva para indemnizar a las víctimas o deshabituar a conductores alcohólicos o drogadictos. En este sentido, un reciente informe concluye que entre un 12% y un 25% de los 3.407 conductores analizados habían consumido drogas. Por ello, los controles de estupefacientes se generalizarán a partir del próximo diciembre.

Por último, Vargas explicó que el número encarcelados por delitos cometidos contra la seguridad vial se ha multiplicado por cinco desde el año 2009. Así, si en enero de ese año pasaron por prisión 200 personas acusadas de este tipo de delitos, a principios de junio del 2010, la cifra había alcanzado ya los 988 los internos.