El fiscal de Mayores, Jorge Sena, reclama una ley integral para la protección de los ancianos y dependientes de edad avanzada, como se ha hecho con la violencia de género, ante las denuncias de problemas graves por incumplimiento de la Ley de Dependencia y situaciones de maltrato que llegan a la Fiscalía.
Hay un "vacío legal" en la defensa de los derechos de los mayores de 65 años, que no se da en menores ni en mujeres, en casos de violencia o desamparo, declara este fiscal, "y es un colectivo creciente y, por sus circunstancias personales, necesitado de ayuda de los poderes públicos".
El fiscal conoce a diario denuncias y quejas de estos ciudadanos y organizaciones vinculadas a ellos.
El 90% de las que se tramitan --afirma- están relacionadas con la Ley de Dependencia y el resto con situaciones de maltrato en el entorno familiar o en las residencias donde viven.
La Ley de Dependencia es "excelente", señala el fiscal, pero tiene dos defectos: "está excesivamente burocratizada y, por otro lado, no está suficientemente dotada de recurs económicos".
