No colocar a los niños el cinturón de seguridad o la sillita infantil adecuada no solo es una irresponsabilidad, sino que puede llevar al culpable a la cárcel en caso de accidente. La fiscalía de seguridad vial mostró ayer su disposición a comenzar a actuar contra estos automovilistas por la vía penal si con su actuación irresponsable originan la muerte o una lesión grave a un menor, según explicó ayer el fiscal coordinador de la materia, Bartolomé Vargas.

"Los menores sin discernimiento se encuentran en una situación de indefensión y sufren elevadísimos riesgos", destacó Vargas al término de la reunión anual de fiscales de seguridad vial. El ministerio público es partidario de continuar con las políticas de concienciación pero, en casos extremos en los que se pruebe que el menor murió porque no iba bien sujeto, solicitará que el culpable sea acusado de homicidio o lesiones imprudentes. En el 2008, según sus datos, 40 niños (de un total de 76 pequeños fallecidos) perdieron la vida porque no iban bien sujetos con cinturón o la sillita.

ACTUACION COSTOSA Hasta ahora la justicia solo había exigido responsabilidades por la vía civil, es decir, mediante compensaciones monetarias, pero la fiscalía quiere impulsar también la jurisdicción penal por mucho que a algunos fiscales les cueste actuar contra padres o abuelos que han originado la muerte de un familiar. "Es un ejemplo claro de homicidio imprudente pero es muy duro llevarlo a la práctica", explicaba una fiscala al final de la reunión.

La fiscalía también anunció mano dura con las administraciones. Vargas aseguró que sigue apostando por la política de "colaboración" con los ayuntamientos, si bien actuará contra "esa pequeña minoría" que todavía no comunica la pérdida de puntos en sus términos municipales.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico, todas las capitales de provincia informan ya de la detracción de puntos, pero todavía hay grandes ciudades que se resisten, como Cartagena (en Murcia) y las grandes urbes de la periferia de Madrid, entre ellas Getafe, pese a que su alcalde preside la Federación Española de Municipios y Provincias.

La fiscalía, explicó Vargas, es consciente de la precaria situación de las arcas municipales, pero en los casos en que exista "una voluntad consciente y deliberada" de no remitir los datos, solicitarán la aplicación del delito de prevaricación omisiva, como ya se plantea realizar en un municipio de Badajoz.

LOS BADENES Por último, el ministerio público exigirá la correcta aplicación del catálogo oficial de señalización de badenes y bandas transversales en las carreteras. Como con los puntos del carnet de conducir, los fiscales abogan por la colaboración voluntaria de los consistorios, pero si no lo hacen, tendrán que acudir a los tribunales.